Dignidad y Justicia (DyJ) se ha querellado en la Audiencia Nacional contra José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, y otros tres ex dirigente de ETA -Aitzol Iriondo, “Gurbitz”, Mikel Carrera Sarobe, “Ata”, y Ainhoa Ozaeta, “Kuraia”- por el atentado de la T-4 de Barajas que el 30 de diciembre de 2006 causó la muerte de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate e hizo saltar por los aires la tregua anunciada por la banda terrorista en marzo de ese mismo año.

En la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 1 del citado tribunal (que investigó el atentado), la asociación que preside Daniel Portero atribuye a los ex dirigentes etarras ambos asesinatos y 68 lesiones de carácter terrorista (tantas como heridos en el atentado con furgoneta-bomba). Todos ellos, argumenta DyJ, formaban parte en esas fechas del “máximo órgano de dirección” de ETA, “el comité ejecutivo o ZUBA, y ostentaban desde éste el dominio de la organización”. Iriondo, al cargo del “aparato militar”; “Ata”, como responsable del “aparato logístico”; “Josu Ternera”, al frente del “político”, y “Kuraia”, del de “tesorería”.

De ahí que los considere autores mediatos del atentado por el “dominio” que tenían entonces sobre la organización terrorista y solicite su citación como investigados y que se les imponga una fianza para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.

El colectivo de víctimas precisa que no incluye a Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”, en la querella porque, aunque formaba parte también del “comité ejecutivo” de ETA, ya fue procesado por estos hechos en 2008, al igual que el etarra José Antonio Aranibar (señalado como el responsable del “comando Elurra”, autor del atentado). Ambos fueron, según Dignidad y Justicia, quienes “transmiten y ejecutan la decisión” de la cúpula de ETA.

La “trascendencia política” del atentado

Para la asociación querellante “la trascendencia política del atentado de la T4″, que supuso la ruptura de la tregua, hace “imposible” que la decisión de perpetrarlo “se adoptase en lugar distinto a la ZUBA”.

DyJ recuerda que en la sentencia por la que en 2012 se condenó por estos hechos a un total de 1.040 años de cárcel a los etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián ya se hacía constar, como hechos probados, la “implicación directa de la ZUBA en la decisión del atentado en la T-4 y en la facilitación de la furgoneta-bomba”.

El atentado, insiste en la querella, fue de hecho “seleccionado como objetivo por la ZUBA y ejecutado siguiendo expresas y muy precisas instrucciones en cuanto a su modus operandi”, hasta el punto de que fue el propio “Txeroki” -mantiene la asociación- quien, como jefe de los “comandos”, las impartió a los terroristas de modo “directoy presencial”.

Dignidad y Justicia considera “contradictorio” que no se investigue a quienes “adoptan y controlan” la decisión de atentar y sí a otros (Txeroki y Aranibar), que la “transmiten y ejecutan” lo que “perjudica a las víctimas de ETA”, se queja.

Los “primeros y máximos responsables”

Para la asociación querellante no es lógico que “penalmente pueda responder el comando ejecutor”, así como “los eslabones intermedios de transmisión de la cadena” (“Txeroki” y Aranibar), pero no así “los primeros y máximos responsables”, los integrantes de la ZUBA. “Los ejecutores finales de la colocación y detonación del explosivo jamás hubiesen podido adoptar una tal decisión de tales implicaciones políticas y públicas para la banda al margen de la ZUBA”, recalca.

“Del mismo modo que sólo la ZUBA de ETA podía acordar el cese de la violencia en nombre de ETA, y mantenerlo de forma continuada durante meses a lo largo de 2006 -argumenta- solo la ZUBA de ETA podía romper ello mismo y dar de nuevo inicio a los asesinatos”.

DyJ considera que de no investigarse por estos hechos a los ex dirigentes de la banda terrorista se lesionaría el derecho a la tutela judicial efectiva “de todas esas víctimas, mortales y heridos, y de sus familias y de las propias víctimas de ETA en su conjunto, que aún aguardan la condena de todos los penalmente responsables”, incluidos a quienes considera autores mediatos, “sin que puedan acabar escapando” por el “mero transcurso del tiempo”.

La asociación insta al juez Alejandro Abascal a pedir a la Policía un informe que detalle la composición de la cúpula de ETA en esas fechas y el modus operandi de sus “mecanismos internos de dirección” y de la toma de decisiones en el seno de la ZUBA, así como toda la documentación sobre el atentado y si se puede afirmar que fue considerado por la propia cúpula etarra como “la forma de respuesta elegida a supuestos incumplimientos” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.