El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya tiene sobre la mesa los escritos de los países que han querido intervenir en el asunto que está pendiente de resolver sobre la orden de detención que afecta, entre otros, al expresident Carles Puigdemont. En concreto, se ha manifestado Bélgica en contra de la postura de España -algo previsible puesto que fueron sus jueces los que denegaron la entrega del exconsellerLluís Puig-; y, del otro lado, Rumanía y Polonia a favor de los argumentos del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que planteó esta cuestión prejudicial para saber hasta qué punto otros tribunales pueden inmiscuirse en el Derecho español. Así lo confirman a LA RAZÓN diversas fuentes del procedimiento y aclaran que el siguiente paso será fijar la fecha para la vista.

Como la interpretación de lo que entienda el TJUE sobre las denominadas órdenes de detención europeas (ODE) afectará al Derecho de los veintisiete Estados miembros,todos tenían un plazo para aportar sus opiniones fundamentadas en base a cómo deben los magistrados responder a los siete interrogantes planteados por España. Solo dos países (excluyendo a Bélgica, que es parte salpicada) se han pronunciado, lo cual, según las fuentes consultadas, es sintomático de que las demás Justicias prefieren no posicionarse para no entrar en conflicto con España. La Comisión Europea también ha presentado un informe que, como el resto de la causa permanece secreto, y, si bien unas fuentes indican que es favorable a los argumentos españoles, otras aclaran que es «muy ambiguo».

En cualquier caso, los informes se presentaron en septiembre y no se ha dado traslado a las partes hasta finales de noviembre, después de la correspondiente traducción al castellano -los procedimientos son en la lengua del Estado que lo plantea. Hechas las alegaciones, el Tribunal tendrá que poner fecha a una vista en la que cada uno tendrá un tiempo tasado de 15 minutos para hacer sus exposiciones. Y de ahí, será cuestión de no mucho más de un mes para tener sentencia. Ésta es importante para saber si se «reactiva» la orden de detener a Puigdemont y a los demás fugados después de las distintas polémicas sobre si está o no vigente.

Los hechos se remontan a 2019 cuando Llarena, como instructor del caso del «procés», dictaminó la detención a los políticos catalanes Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí que habían huído de España. En enero de 2020 los procedimientos de entrega del expresident y Comín fueron suspendidos tras acceder al cargo de Diputados del Parlamento Europeo, pero el de Puig sí continuó.

Ocurrió que Bruselas acordó denegar la ejecución de la detención emitida desde el alto tribunal señalando que el Supremo no era el órgano competente para enjuiciar a Puig. Como la Ley penal belga establece que los delitos cometidos deben ser enjuiciados en el territorio en el que se cometieron, entienden que esto tenía que haber sido en Cataluña. Una decisión que fue ratificada en enero de 2021 por la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas que, además, acogió los argumentos de un informe que presentó el propio Puig (elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias) y añadió que si lo entregaran «pondrían en peligro los derechos fundamentales».

Llarena emitió la cuestión prejudicial el 9 de marzo de 2021 para saber: si otro país puede meterse en el derecho español y decir dónde tenía que haberse celebrado el juicio del «procés» y si, además, pueden utilizar un informe que no consta en la propia causa (y ante el cual no se ha pedido opinión al Supremo) para alegar vulneración de derechos fundamentales. Lo que Europa decida afectará a otros procesos pendientes como la última detención de Puigdemont en Italia.