La defensa de varios de los integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo por la Audiencia Nacional cuestionan el germen de la investigación que llevo a su detención en septiembre de 2019 en el marco de la «operación Judas».

Parte de esas diligencias –que se mantienen secretas y que incluyen casi 200 escuchas telefónicas a los trece procesados en los meses previos a su detención– fueron incorporadas al procedimiento a instancias de la Fiscalía. La Audiencia Nacional había autorizado esas escuchas –que se prolongaron entre abril de 2018 y septiembre de 2019, unos días antes de que se desencadenara la «operación Judas»–, pero las defensas de los CDR alegan indefensión y reclaman ahora la incorporación íntegra de las diligencias 104/2017 y 99/2018 al procedimiento, una posibilidad que ya rechazó el instructor.

Tras la negativa de García Castellón –secundada por la Fiscalía y por la acusación popular que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot)–, la defensa de los CDR ha trasladado ya su denuncia ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. De hecho, el pasado miércoles se celebró la primera vista de apelación en la sede del tribunal, para escuchar los argumentos de la defensa de uno de los CDR procesados, Guillem Xavier Duch, a quien García Castellón atribuye un papel «fundamental» en el seno del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la rama más radical de los Comités de Defensa de la República.

Quieren saber “por qué se empieza a investigar”

Según fuentes jurídicas, durante la vista el letrado reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, en el que denuncia una supuesta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

La defensa de Duch –quien según el instructor desempeñaba un «papel relevante en materia de comunicaciones y seguridad de las mismas» entre los integrantes del ERT– se queja de que «a finales de 2017, principios de 2018, se empezó a investigar a los hoy procesados» en el marco de esas diligencias sin que las defensas «hayan tenido acceso a saber cómo y por qué se empieza a investigar» a los después detenidos. «Ni tan siquiera sabemos si se adoptaron medidas de investigación que hoy desconocemos ni el resultado de muchas de ellas», protesta.

En esas diligencias se practicaron intervenciones telefónicas, se autorizó la instalación de balizas de localización GPS así como seguimientos y escuchas en domicilios (siempre con autorización judicial). El pasado agosto, la Fiscalía pidió la incorporación de parte de esas diligencias de cara al juicio. Se trata de 102 conversaciones intervenidas a los ahora procesados entre abril de 2018 y agosto de 2019, por un lado, y de otras 94 entre febrero y septiembre de 2019. Para las defensas «toda la imputación» contra los trece integrantes de los CDR «se basa en hechos investigados» en el marco de esas diligencias previas a las que han estado ajenos, por lo que reclaman a la Sala–con la vista puesta en un seguro recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos– su incorporación íntegra al procedimiento.