El Gobierno echa un capote a Laya: avisa al juez de que la gestión del “caso Ghali” es materia reservada

El Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido al juez que investiga la entrada en España de Brahim Ghali de que todas las gestiones realizadas por Exteriores para acoger en nuestro país al líder del Frente Polisario son materia reservada.

En una certificación -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- que ha remitido la Abogacía del Estado al juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, el Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños, constata que el Consejo de Ministros celebrado el 15 de octubre de 2010 bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero clasificó como materias reservadas, por razón de seguridad, “determinadas materias” para evitar “que asuntos que afectan a la política exterior de España se vean desprotegidos”.

Fue precisamente ese acuerdo ministerial en el que se escudó la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para rehuir algunas preguntas del juez -sobre todo la relativa a quién dio la orden de acoger al líder polisario- sobre las condiciones en las que se produjo la entrada en nuestro país el pasado 18 de abril de Ghali, a quien se eximió del control de pasaportes y aduana, para ser ingresado en el hospital San Pedro de Logroño, donde permaneció recuperándose de una neumonía provocada por la Covid-19 hasta la madrugada del 2 de junio.

Ahora, el Gobierno ratifica ante el juez la vigencia de ese acuerdo -que además acompaña el Ministerio de Presidencia- cuyo objetivo era “determinar con mayor precisión las materias que, en el ámbito de la seguridad exterior del Estado y sus relaciones diplomáticas, requieren protección y amparo para la mejor defensa de los intereses de España y de sus aliados y enemigos”. Todo para evitar la “revelación no autorizada” de asuntos que puedan acarrear “riesgos o perjuicios de la seguridad del Estado” o “comprometer los intereses fundamentales de la nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional”.

“Estancias y escalas de aeronaves”

Entre esas materias, el Consejo de Ministros señaló expresamente toda aquella información relacionada con “sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves”. Y, del mismo modo, incluyó entre los asuntos protegidos por la Ley de Secretos Oficiales los referidos a la “protección de derechos humanos con especial incidencia en casos humanitarios especialmente sensibles y las gestiones con terceros países en este ámbito”.

Tanto Laya como el que fuera su jefe de gabinete, el diplomático Camilo Villarino (también investigado en la causa), argumentaron en sus declaraciones judiciales que se decidió acoger en España a Ghali por razones humanitarias tras la petición efectuada por las autoridades argelinas.

En esa misma línea, se consideran reservadas las informaciones que hacen referencia a “la aplicación de acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asuntos de seguridad y defensa suscritos por España, incluidas aquellas relacionadas con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves”.

También los documentos e informaciones

El paraguas de reservado alcanza asimismo, según reza en el documento que remite el Gobierno al juez, a todos los “actos, documentos, informaciones, datos y objetos” sobre esa materias clasificadas, a las que en todo caso se les otorgará “el carácter genérico de reservadas cuando su revelación no autorizada pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa de España” y las “relaciones diplomáticas” con terceros países”. Según ese acuerdo ministerial, tendrán la misma clasificación “todos aquellos documentos necesarios para el planteamiento, preparación o ejecución” de esas gestiones diplomáticas.

Ahora, la abogada del Estado María del Mar González Bella ha remitido al instructor esa ratificación gubernamental del acuerdo de 2010, que ya trasladó a Lasala el pasado octubre, para intentar que acuerde el archivo de la causa una vez concluya la instrucción y tenga que decidir si sigue adelante con las diligencias y las transforma en procedimiento abreviado o, por el contrario, acuerda el sobreseimiento.