Los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Democrática, que hasta ahora se encontraba encallada por el veto de sus socios parlamentarios, por la negativa inicial de los socialistas a revisar los crímenes del franquismo.ERC y Bildu se encontraban en la actualidad en el “no” a la norma y reclamaban al Ejecutivo pasos en este sentido para que la Justicia pudiera investigar los crímenes de la guerra civil y del franquismo.

El gesto del Gobierno se produce, por tanto, forzado por la dificultad que estaban encontrando para tramitar en el Congreso la Ley de Memoria Democrática, uno de los buques insignia de la agenda legislativa del Gabinete de Pedro Sánchez. Con esta cesión a ERC y Bildu para revisar los crímenes del franquismo por lesa humanidad, el Ejecutivo facilita que estos partidos apoyen en la Cámara Baja su tramitación.

Socialistas y morados negociaban desde el lunes a contrarreloj para tratar de validar la norma de inmediato y han incluido hasta 30 enmiendas dentro de la Ley de Memoria Democrática con la que buscan una fórmula para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 en este ámbito, pero sin derogarla -esta era la reclamación de los independentistas, que sin embargo el PSOE rechaza de plano-. Así, PSOE y Unidas Podemos pactan que las leyes internacionales para la persecución de delitos de lesa humanidad se apliquen como “derecho vigente en España”, por lo que la Ley de Amnistía de 1977 estipulará “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tengan la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

Dejarán sin efecto parte de la Ley de Amnistía

Así, se quedará sin efecto parte de la ley. Según la redacción de la enmienda se recoge que “todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

Para ERC y Bildu era “clave” poner fin a la “impunidad” de los crímenes del franquismo. Este paso se produce después de que ambos partidos, junto a las demás formaciones independentistas del Congreso de los Diputados, registraran una serie de enmiendas que perseguían impulsar reformas legislativas para que se pueda juzgar en España a responsables de delitos de genocidio y crímenes lesa humanidad, como los que achacan al régimen franquista.

El paso del Ejecutivo podría abrir la puerta a que los crímenes del franquismo sean investigados por la justicia española, según ha desvelado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Enrique Santiago, en rueda de prensa. “Después de tantos años de la muerte del dictador estamos dando pasos muy sólidos para que sus crímenes salgan de la impunidad”, ha defendido en el Congreso de los Diputados, quien también ha valorado que es “sin duda la última oportunidad de nuestro país después de tantos años”. Los morados se muestran así “muy satisfechos· ante las negociaciones.

Suprimirán 33 títulos nobiliarios

PSOE y Unidas Podemos extenderán hasta el año 1982 -periodo de Transición- la concesión de víctimas del franquismo y pactan retirar hasta 33 títulos nobiliarios - marquesados, ducados o condados, que van desde Primo de Rivera hasta el Señorío de Meirás, pasando por el duque de Franco y Calvo Sotelo o Queipo de Llanos, entre otros.

Por otro lado, ambos partidos acuerdan que el Valle de los Caídos vuelva a la denominación original, es decir, “Valle de Cuelgamuros”. Según la enmienda, se especifica que será un lugar “de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”.

Allí solo podrán yacer “los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas”. Acuerdan, también, “la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”.

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