Podemos anuncia un acuerdo con el PSOE para derogar la ley mordaza: las manifestaciones imprevistas no deberán ser comunicadas

El pacto para derogar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida coloquialmente como “ley mordaza” se encuentra cerrado, según informan fuentes de Unidas Podemos. Un acuerdo que llega después de que la pasada semana los morados ya vieran un principio de acuerdo, mientras que los socialistas deslizaran que “todavía queda mucho por negociar”. A esperas de la confirmación en este punto de los socialistas, los morados se muestran satisfechos.

El pacto fue cerrado ayer entre ambos socios y supone rebajar las sanciones económicas, que según los morados son “excesivas” y deben aplicarse, en todo caso, “criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado así como a su edad”. Además, la reforma libraría a los organizadores de manifestaciones imprevistas debido a su actualidad, de informar sobre su convocatoria a las delegaciones del Gobierno y solo serán sancionables si provocan “violencia o alteración del orden público”. Las manifestaciones previsibles, que no sean comunicadas, sí serán falta leve.

Sin embargo, las devoluciones en caliente no se abordarán en la citada ley, según ha confirmado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Enrique Santiago. Para ello remite a la normativa especifica de la materia. Será en la reforma de la Ley de Extranjería donde se aborde esta cuestión.

Una reunión este mismo martes entre ambos partidos desbloqueó ayer, según Unidas Podemos, la negociación. Las conversaciones por parte de los morados han estado lideradas por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Enrique Santiago. Un pacto que llega después del aviso del PNV que lleva meses pidiendo el desbloqueo de la iniciativa. Los peneuvistas son los autores de la reforma de la ley Mordaza, que el Congreso acordó tramitar hace un año, pero que ha estado congelada por las sucesivas prórrogas de ampliación de los plazos para la presentación de enmiendas.

No hay que comunicar las manifestaciones imprevistas

Según los morados, a partir de ahora, se garantizará el derecho a la manifestación y en los casos en los que se convoquen manifestaciones inmediatas no deberán ser informadas previamente por su inmediatez. “Solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público”. Sin embargo, si no se comunican las manifestaciones “previstas y previsibles” sí serán sancionadas como falta leve. Por tanto, las manifestaciones imprevistas o inmediatas estarán garantizadas mediante la reforma de los artículos referidos al Derecho de Reunión, “sin que en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica”.

En cuanto a los registros o identificaciones policiales de ciudadanos, el agente deberá motivar la razón para llevarla acabo. " Los registros limitaran los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata será en un lugar que cuente con la debida garantía de protección de la intimidad”, afirman. Podemos asegura que también se ha acordado el tiempo de identificación en comisaría, que deberá ser de un máximo de dos horas, salvo en una causa excepcional “debidamente alegada y verificable y limitada estrictamente”.

Entre las medidas a las que se habrían llegado a acuerdos, los morados destacan que se introduce “como objeto de la ley el disfrute de los derechos fundamentales y libertades públicas, garantizando los poderes públicos las efectivas condiciones para ello e introduciendo la sujeción de la ley a los tratados internacionales”. Se atiende, además, dicen, a “las reclamaciones de los profesionales de los medios” puesto que no podrá “sancionarse la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias”.

Las multas

Los morados aseguran haber pactado con su socio en Moncloa cambios en cuanto a la cuantía de las multas. Estas deberán reducirse en le caso de las sanciones excesivas y deberán aplicarse con criterios “de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado así como a su edad, en el caso de personas menores de edad. De esta manera, el criterio para la cuantía económica de las sanciones será un calculo de progresividad y proporcionalidad para reducir la sanción atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada”.

A su vez, las sanciones serán de índole restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida. En el expediente sancionador se propone la resocialización por encima de la sanción; así se eliminaría la limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez.