La intención del entorno de ETA es que salgan de la cárcel sus presos en el menor plazo posible, aunque sea en situaciones de semi-libertad o permisos. Los cambios legislativos requieren tiempo y hay mucha prisa porque son conscientes de que la oportunidad que les brinda el Gobierno de Pedro Sánchez, al que le desean otras seis años en el poder, no se les va a presentar.

Lo ha dejado claro esta misma semana la asociación Etxerat, que agrupa a la mayoría de los familiares de los reclusos: es urgente que «se acometa de una vez el cambio de la política penitenciaria. Estamos hablando de que buena parte de las y los presos vascos deben quedar en libertad en aplicación de la ley ordinaria. Y de ahí la importancia de que nos movilicemos como sociedad, junto a responsables sindicales, políticos y sociales y sigamos saliendo a la calle».

No quieren nuevas leyes porque interiorizan que las existentes les valen, siempre que se haga una interpretación de las mismas que les favorezcan. Que se cambie la política penitenciaria, algo que, de hecho, ya está ocurriendo, pero no a la velocidad que desean.

77 ya en cárceles vascas o navarras

Según las últimas cifras facilitadas desde el citado entorno, el número de reclusos es de 177, de los cuales 77 se encuentran ya en el País Vasco y Navarra. En lo que se refiere a los que dependen ya del Gobierno de Vitoria no tardarán, según fuentes penitenciarias, en acordarse las medidas que son competencia de las juntas de tratamiento de las cárceles para, en función del comportamiento del recluso, del tiempo de condena cumplido y su clasificación, disfrutar de los correspondientes permisos y hasta vivir, en la práctica, fuera de prisión.

Se trata de hacerlo de una manera discreta dada la sensibilidad que este asunto provoca entre las víctimas del terrorismo, que siguen atentas cualquier movimiento que favorezca a los pistoleros.

Decisiones de más calado tienen que pasar, necesariamente, por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, residenciado en la Audiencia Nacional.

“Represión y venganza”

El esfuerzo del entorno proetarra se centra en los cien reclusos que aún están fuera del País Vasco y Navarra (intentan que sean acercados a estas comunidades antes de Navidad), aunque casi medio centenar se encuentran a 200 kilómetros o menos, en los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Cantabria.

Los otros 50, los que pese a estar al norte de Madrid, son los que «sufren», en palabras de dicho entorno, una política «represiva, de venganza». Centran los esfuerzos, mediante la presión que ejerce EH-Bildu con su apoyo al Gobierno central, para que los acercamientos se produzcan ya.

La más alejada del País Vasco es Lola López Resina, condenada por un atentado en Santander en el que murieron tres personas y 20 resultaron heridas, que se encuentra en prisión de Brieva, en Ávila. A una distancia similar, en Madrid, está el asesino Javier García Gaztelu, «Txapote», y su pareja, Iranchu Galalstegui, autores de varios atentados, entre ellos el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Y a distancias menores, el que fuera cabecilla de la banda Féliz López de la Calle, «Mobutu», en Asturias; Juan Carlos Iglesias, «Gadafi», que cometió múltiples atentados en el «comando Vizcaya», y Jon Bienzobas, «Karakulo», autor de la muerte de Francisco Tomás y Valiente, que están en Dueñas, Palencia. En León se encuentra el tristemente famoso Henri Parot, del «comando Argala», uno de los más sanguinarios pistoleros de ETA; y en Zuera, en Zaragoza, los miembros del «comando Andalucía» Mikel Azurmendi, José Luis Barrios e Igor Solana.

Vital para Otegi

Es cuestión de tiempo que este medio centenar de terroristas sea trasladado al País Vasco porque, entre otras cosas, es un asunto de vital importancia para que Arnaldo Otegi y su entorno sigan controlando Sortu y, por ende, EH-Bildu.

El apoyo a Madrid provoca recelos en los sectores más intransigentes de la llamada «izquierda abertzale» y la baza de los presos es fundamental para que puedan mantener ese control. Las expectativas electorales son buenas y lograr la libertad de los reclusos, un éxito que se podrá explotar en unos futuros comicios.

Los presos de ETA, la mayoría de los cuales se mantienen dentro del «colectivo», el EPPK por sus siglas en euskera, obedecen ciegamente la disciplina que se impone desde Sortu, conscientes de que, además de los acercamientos de los que ya se han beneficiado, la vuelta a sus casas, aunque sea de forma parcial al principio, está más cerca que lejos.

Control más sencillo

Una vez reagrupados en las tres cárceles del País Vasco y en la de Navarra, el control será aún más sencillo, como cuando estaban, en su tiempo, en Herrera de la Mancha. Es habitual que en cada centro haya una especie de «comité de dirección» (algo que se había perdido en la práctica con la dispersión) encargado de hacer de interlocutor con la dirección de los centros.

No es difícil imaginar el efecto de fuerza que podrá ejercer el «colectivo», ya en su tierra, sobre funcionarios y responsables de las cárceles; y con el apoyo exterior justo al otro lado de los muros de las prisiones.

Si a esto añadimos la presión social, por medio de manifestaciones y actos similares, que la izquierda proetarra va a realizar, el mantenimiento de los presos en las cárceles durante mucho tiempo se hace poco menos que imposible, por más que la administración vasca del PNV-PSE quiera imponer las reglas de forma estricta.

Por lo que respecta a los presos disidentes, cinco o seis, agrupados en torno a ATA, se han mantenido hasta ahora en contra de Sortu y Arnaldo Otegi, contra el que han lanzado duras críticas. Consideran que, después de cuatro décadas de terrorismo, los objetivos estratégicos por los que lucharon no se han conseguido y se ha optado por vías políticas que no permitirán alcanzarlos a corto plazo. Sin embargo, cuando vean a los que fueran sus compinches disfrutar de la libertar para poder volver a sus casa mientras ellos permanecen en prisión, la disidencia puede convertir en algo muy difícil de mantener.