Alberto Rodríguez no perderá su escaño en el Congreso de los Diputados puesto que la condena que ayer emitió contra él el Tribunal Supremo por un delito de atentado a la autoridad solo implica una suspensión temporal de sus derechos como parlamentario, además de un mes y medio de cárcel.

Y tampoco estará obligado a abandonar el partido al que pertenece, Podemos. No debe hacerlo por los sucesivos cambios que ha sufrido el reglamento ético que deben firmar todos los dirigentes de la formación. Si el partido mantuviese la propuesta ética que se elaboró en 2014, el diputado ahora, consecuente con la firma que estampó a su llegada al partido, sí debería haber dimitido ahora.

En esa época, en el código ético de morado se reflejaba explícitamente el compromiso de renuncia de cualquier «cargo público, interno o a cualquier candidatura a los mismos» en caso de ser «imputado o condenado por las faltas y delitos que se determinarían en el Reglamento» incluyéndose entre los delitos a tener en cuenta «delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos».

Sin embargo, el código ético que deben firmar y cumplir todos los diputados y cargos orgánicos de la formación se ha ido modulando o rebajando las exigencias iniciales a lo largo del tiempo. Tanto que, tras la llegada de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a la secretaría general de Podemos, este reglamento se ha convertido en una suerte de herramienta de protección a su cúpula.

El actual código ético exime a los miembros del partido del compromiso de renunciar a cargo público o interno en caso de condena o procesamiento si se produce en el marco de un «contexto de acoso judicialcon intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho».

Precisamente nada más asumir los mandos la ministra Belarra del partido, Rodríguez decidió renunciar a sus responsabilidades como secretario de Organización.

Tan solo hace un año, cuando Pablo Iglesias era el líder del partido, el código ético si contemplaba la dimisión de los cargos procesados o condenados. Precisamente, en 2020, el propio Iglesias se enfrentaba a un futuro judicial confuso al investigar la Audiencia nacional si el también ex vicepresidente pudo haber cometido delitos en el marco de la investigación del «caso Dina».

El cambio en el código ético en mayo de 2021, tras llegar Ione Belarra a la secretaría general, no solo ha sido una herramienta útil para evitar que el diputado canario Alberto Rodríguez deba renunciar a su cargo público como diputado, sino que también ha beneficiado a la portavoz de la formación morada Isa Serra que fue condenada en el mes de julio a 19 meses de prisión e inhabilitación por un delito de atentado a la autoridad con lesiones.

De esta manera, a día de hoy, Serra continúa como portavoz nacional de Podemos, pero no puede ocupar ningún cargo público en la Administración o presentarse, por ejemplo, a unas elecciones generales o autonómicas hasta el año 2023.