La sentencia del primero de los dos juicios que tiene pendientes el ex dirigente etarra, Josu Ternera, se conocerá mañana. El histórico miembro de ETA está acusado de «asociación de malhechores con fines terroristas»–equivalente al delito de integración en organización terroristas del Código Penal español– por su papel al frente de ETA entre 2011 y 2013.

Su defensa pidió la absolución, asegurando que durante ese periodo estaba totalmente desvinculado de la banda terrorista, pese a haber participado en su proceso de disolución hasta el año 2018. Durante el juicio, que se celebró en junio aseguró que su vida había sido la un «leñador», «aislado del mundo» y bajo una falsa identidad en una casa rural del departamento francés de Ariège.

También explicó haber aceptado, siempre «fuera» del aparato etarra, participar en las conversaciones de paz en Oslo (Noruega) entre 2011 y 2013 y de leer el comunicado de la disolución de la organización el 3 de mayo de 2018,«dada su experiencia anterior» en el seno de ETA.

Aquel juicio fue una repetición del proceso judicial por el que fue condenado a ochos años de cárcel en 2017, cuando estaba en clandestinidad. Tras su detención en los Alpes franceses, en mayo de 2019, ejerció su derecho a repetir los juicios repetidos en rebeldía. A mediados de este mes está previsto el segundo de los procesos franceses, por los mismos cargos pero en este caso durante el período entre 2002 y 2005. Solicitado por la Justicia española, desde 2002, Ternera vivió en clandestinidad hasta su detención en mayo de 2019, tras más de 16 años de fuga de la Justicia. Fue detenido por el Servicio de Inteligencia interior de la Policía francesa en colaboración con la Guardia Civil en el parking de un hospital al que acudía a tratarse de una enfermedad.

Poco más de un año y dos meses después de su detención y tras 17 años de fuga, el histórico etarra volvió a pisar la calle, después de que el tribunal de Apelaciones de París aceptara su puesta en libertad vigilada. A mediados de este mes, se le retiró el brazalete electrónico con el que se controlaba en París, ciudad en la que residía en un convento.

En la actualidad se encuentra en Anglet, pequeña localidad cercana a la frontera con España, junto a su esposa, Agnes Cerló, y su hija de corta de edad. Al tener juicios pendientes, se le somete a un cierto control judicial y se tiene que presentar en dependencias policiales tres veces a la semana.

Hasta que no finalicen los procesos judiciales que tiene pendientes en Francia, el cabecilla de la banda no podrá ser entregado a España. Será juzgados por tres de las cuatro causas por las que es reclamado: el atentado del 25 de junio de 1980 que le costó la vida al directivo de Michelín Luis María Hergueta en Vitoria, en el que está procesado como autor de un delito de asesinato terrorista; la investigación sobre la financiación de ETA a través de las «herriko tabernas» y el atentado en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza -en el que once personas fueron asesinadas–. Sin embargo, el país vecino no ha accedido a que se le entregue por un delito de lesa humanidad por los asesinatos cometidos por ETA cuando él era cabecilla.