Delegar las explicaciones ante la oposición en sus ministros es una vía que el presidente del Gobierno ya ha transitado otras veces. Se puede definir como una estrategia con el fin de evitar su desgaste político y mediático ante su exigua mayoría en el Congreso de los Diputados. Una especie de salvavidas al cual Pedro Sánchez recurre, casi siempre que debe enfrentarse a una crisis de calado. Casi en el ecuador de la legislatura, puede constatarse ahora esta hoja de ruta.

El pasado mes de julio, después de que decidiera pulsar el botón del pánico y acometer el profundo cambio en el Consejo de Ministros, el presidente se libró –gracias a sus socios parlamentarios– de comparecer en la Cámara Baja para explicar los motivos por los que había relevado a su núcleo de confianza en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. Entonces ni él ni sus nuevos ministros tuvieron que enfrentarse, por vez primera, a las preguntas de la oposición. Anteriormente ya se había salvado de dar cuentas de manera mensual sobre el alcance de la pandemia en el país, tras haber pactado un estado de alarma prorrogado durante seis meses–el último aprobado y que decayó el pasado 9 de mayo–. Los socios solo le obligaron a comparecer cada dos meses, es decir tres veces en total. A finales de junio, los socios también salvaron al líder del Ejecutivo de explicar la crisis en Ceuta –tras el salto masivo a la valla derivada de la crisis diplomática con Marruecos–. Tampoco ha puesto fecha al muy reclamado por la oposición debate de la nación, que encadena seis años consecutivos sin su convocatoria, a pesar de que el PP y Cs elevan la presión en este sentido. El pasado 30 de julio sí explicó en el Congreso los motivos por los que concedió los indultos a los líderes del «procés» «por utilidad pública».

Este proceder ha sido el elegido, una vez más, por el Gobierno. A pesar de las reclamaciones de la oposición durante estos días tras que Afganistán cayera en once días a manos de los talibanes, no será el presidente del Gobierno quien dé la cara en el hemiciclo, sino el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Es hoy precisamente cuando la Diputación Permanente debe votar la comparecencia de Sánchez y sus ministros. El Gobierno confirmó ayer este extremo justificando la implicación del presidente en la crisis afgana y resaltando la buena acogida que había tenido en Europa la «rápida» acción del Gobierno de España en la dramática situación tras haber levantado el «hub» de acogida europea en la base de Torrejón de Ardoz, donde a día de hoy han llegado 1.220 afganos procedentes de Kabul. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, recalcó así el «éxito» de España en la misión de evacuación siendo «referentes a nivel mundial» e insistió en las felicitaciones que llegaban a nivel europeo. Una justificación que sirvió para confirmar que el presidente no acudiría al Congreso, defendiendo que se encuentra liderando y coordinando todo el proceso de evacuación con los distintos ministerios. «El presidente está dando la cara», zanjó. La evacuación de colaboradores es la prioridad del Ejecutivo, y así lo reflejó la ministra asegurando que apurarán «hasta el último segundo» en la repatriación.

La coalición, a prueba

Si bien la crisis afgana supuso la pasada semana el primer cierre de filas entre los socios de Moncloa tras un verano intenso de desencuentros, ayer, el Ejecutivo quiso tratar de rebajar los decibelios con Unidas Podemos, a las puertas del arranque de un otoño que se prevé agitado con la antesala de la negociación de las Cuentas Públicas, la subida del SMI o la ley de Vivienda que continúa encallada, entre otros asuntos. Tras la oposición de los morados a las devoluciones en Ceuta, o a la subida de la luz, El Ejecutivo quiso reducir el ruido y trasladó el mensaje de que la coalición «goza de buena salud» y de que los debates que se originan en el seno del Consejo de Ministros pueden ser «positivos». Como prueba del intento de los socialistas de atajar un nuevo incendio en Moncloa, la portavoz deslizó que el Ejecutivo se abría a «estudiar» la propuesta de Unidas Podemos para limitar el precio de la energía nuclear, después de que la vicepresidenta Teresa Ribera rechazara este lunes la iniciativa.