Hay un dicho muy español que dice: «no dar puntada sin hilo» y que, sin duda alguna, puede aplicarse a los movimientos ministeriales que el sábado anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Asumido el shock inicial que supone ejecutar una crisis de gobierno el segundo sábado de julio, en medio de una ola de calor, y tras negar por activa y pasiva que no era la prioridad, las horas posteriores al anuncio permiten digerir y analizar la jugada. El diagnóstico es cristalino: el presidente se rearma para las próximas citas autonómicas.

La jugada no es baladí. Asegurados los apoyos parlamentarios hasta el fin de la legislatura –gracias a distintas y polémicas prebendas a los nacionalistas vascos y catalanes– toca mirar al futuro. No tan lejos como aquel 2050 que Sánchez dibujó en mayo cuando presentó su estrategia a largo plazo para nuestro país. El horizonte se sitúa en mayo de 2023 cuando se celebrarán las próximas elecciones municipales.

La recuperación económica y gestionar los fondos económicos que llegarán en las próximas semanas–una vez superado el azote inicial de la pandemia– es el objetivo. Es lo que explica el ascenso de Nadia Calviño que asume la vicepresidencia primera; la continuidad y ascenso de Teresa Ribera que se convierte en vicepresidenta tercera y continúa como ministra de Transición Ecológica y Cambio Climático y la menor exposición mediática de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que abandona la portavocía y asume también las competencias de Función Pública. Con un sólido tridente económico, la remodelación ministerial ha tenido un segundo objetivo: pensar en las próximas citas electorales municipales y autonómicas.

Superadas las primarias andaluzas que se saldaron con la victoria del candidato sanchista, Juan Espada, el presidente Sánchez ha elegido como ministras a tres mujeres curtidas en la política territorial, jóvenes y con potencial, con el objetivo, al menos eso parece, de llevar a cabo un relevo generacional.

Sánchez no quiere más problemas con sus barones autonómicos, críticos con algunas decisiones como los indultos o el blanqueamiento de Bildu. De ahí, los fichajes de Pilar Alegría, delegada del gobierno de Aragón; de Diana Morant, alcaldesa de Gandía; y de Isabel Rodríguez, alcaldesa de Puertollano. Este movimiento pone en alerta a Javier Lambán, Ximo Puig y Emiliano García-Page, conscientes de que en Moncloa y en Ferraz ya se preparan para que les sustituyan en el momento oportuno.

No hay fecha por el momento y la relación entre los barones y las nuevas baronesas es, por el momento, buena. Ayer el aragonés le deseó «mucho éxito y suerte a la que será la nueva ministra de Educación. Por su parte, Puig deseó «suerte» al nuevo gabinete, en especial a la nueva ministra de Ciencia. También Page elogió a la que será la nueva cara visible del gobierno y aseguró que «lo hará muy bien».

La ofensiva está en marcha. Su aterrizaje en el Consejo de Ministros ayudará a poner en marcha un nuevo marco, alejado de las últimas polémicas que acosaban al Ejecutivo como el escándalo de Plus Ultra, las disputas en torno al feminismo con Unidas Podemos, y sobre todo, alejará el foco de la tensión con Cataluña, que se ha avivado en las últimas semanas a raíz de los indultos.

Son caras nuevas, frescas y con sólida gestión en el municipalismo y la administración pública. Además, también, suponen un revulsivo frente a los miembro minoritarios de la coalición –hasta ahora los miembros de la cuota de Unidas Podemos era más jóvenes que la del PSOE– dado que pertenecen a la misma generación, pero con distintas ideas. En definitiva, toda una declaración de intenciones.