El juez que investiga el “caso Villarejo” en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, entregó el 10 de septiembre de 2020 un auto a la Abogacía del Estado en el que se indicaba que la Fiscalía Anticorrupción le había informado de que las conversaciones entre Corinna Larsen y el comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre la fortuna oculta del Rey emérito revelaban “unas potenciales contingencias tributarias”, que merecían “la atención de las autoridades tributarias”. Según indica este auto, de 27 de julio de 2020, las sospechas vertidas por la empresaria germanodanesa sobre el monarca podrían “derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal”.

Así consta en una notificación, a la que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN, en la que el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional hace constar que había notificado de forma personal a una Abogada del Estado personada en la causa el auto de 27 de julio de 2020 en el que se realizaba la advertencia sobre las cuentas de Don Juan Carlos I. En esta resolución el instructor también acordaba reabrir la causa contra la examiga del monarca.

La resolución no identifica a qué abogada del Estado se le notificó el auto. En otras comunicaciones del “caso Tándem” sí consta que los documentos fueron entregados a Rosa María Seoane, conocida por haber sido la responsable de la actuación de los servicios jurídicos del Estado en casos tan conocidos como el “procés” y el “caso Pujol”. No obstante, fuentes de la investigación aseguran a este periódico que en el “caso Villarejo” también han trabajado al menos otras dos mujeres en representación de la Abogacía del Estado.

No inició una inspección

Sin embargo, pese a ser advertidos oficialmente los servicios jurídicos del Estado, la Agencia Tributaria no se decidió a iniciar una inspección de las cuentas del Rey emérito hasta mediados de mayo. Fue en esa fecha cuando el abogado del Rey emérito, Javier Sánchez-Junco, comunicó a la opinión pública que Hacienda había iniciado una inspección fiscal tras llevar a cabo su cliente las dos regularizaciones fiscales. En la primera Juan Carlos I abonó 678.393 euros para sortear un posible delito fiscal por el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La segunda regularización fue más cuantiosa: pagó en febrero 4.395.901 euros para sortear un delito contra la Hacienda Pública por beneficiarse de al menos 8 millones de euros en concepto de viajes sufragados por su primo Álvaro de Orleans-Borbón mediante la Fundación Zagatka. El montante total abonado en sendas regularizaciones supera los cinco millones de euros.

El secretario general del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, consultado por LA RAZÓN, ha mostrado su “sorpresa” por la forma de actuar de la Abogacía del Estado en la pieza separada del “caso Villarejo” denominada “Carol”, ya que “como técnico, con una experiencia profesional de décadas de trabajo, sé que los servicios jurídicos del Estado deben entregar los contenidos esenciales de estas resoluciones a la parte que representa, en este caso a la Agencia Tributaria. Por eso, es evidente que alguien en la Administración del Estado habría recibido esta información y, lo que sorprende, a nuestro juicio, es que nadie haya actuado para haber abierto una comprobación tributaria. No solo porque por lo diga un juez o la Fiscalía Anticorrupción, sino por los indicios que se conocían desde 2018”, destaca este funcionario.

“Un delito agravado”

Mollinedo apunta, en el mismo sentido, que si Hacienda hubiera abierto en ese momento una inspección a Don Juan Carlos I “podrían haberse impedido las dos regularizaciones, y entonces podría haberse imputado al emérito al menos un delito fiscal agravado, ya que según nuestros cálculos en al menos un ejercicio fiscal podría haber superado los 600.000 euros de fraude”, prosigue Mollinedo, que considera que “el ánimo de defraudar o dolo podría quedar patente por haber utilizado una fundación” para mover su dinero oculto en Suiza.

Precisamente, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ya reclamó el 12 de julio de 2018 a la Agencia Tributaria, tras la publicación de una parte de las conversaciones de Corinna Larsen con el excomisario Villarejo, que iniciara una investigación sobre las personas implicadas en las conversaciones en las que la empresaria germanodanesa decía que el Rey emérito la había usado como testaferro. Consideraban “que había indicios suficientes para llevarla adelante, pues las acusaciones vertidas en las cintas publicadas tenían la entidad suficiente como para que la AEAT les prestara la máxima atención y las verificara”, recuerdan estos funcionarios en una nota de prensa.

Un informe “singular”

Gestha también criticó la actuación del inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por suscribir el 5 de septiembre de 2018 “un más que singular informe de dos párrafos sobre el monarca emérito que remitió al Juzgado Central de Instrucción número 6, solo un día después” de que el juez García Castellón le hubiera pedido que investigara los hechos.

En este informe el jefe de la Inspección indicaba de forma sucinta que Don Juan Carlos I no había presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, al mismo tiempo que ponía de manifiesto que en “las diversas fuentes de información de que dispone la Agencia Estatal de Administración Tributaria no hay constancia de que S.M. el Rey emérito D. Juan Carlos I posea cuentas corrientes en el extranjero”.

“Este escueto informe”, concluyen los técnicos de Hacienda, “contrasta con la extensión y profundidad habituales de los informes de la ONIF, y contrarían las funciones y competencias que se le atribuyen” en la Ley.

En estos momentos la Agencia Tributaria trata de determinar mediante una inspección si las dos regularizaciones fiscales presentadas por Don Juan Carlos I son suficientes para que este evite una imputación por un delito contra la Hacienda Pública. La Fiscalía del Tribunal Supremo no se plantea llamar a declarar al Rey emérito.