Portazo a los encargados de la mudanza de los Franco en Meirás

Con la mudanza a punto, la familia Franco ha visto esta mañana cómo se le denegaba el acceso al Pazo de Meirás después de que lograra autorización judicial para llevarse todo lo que hay en el interior de la que ha sido su propiedad durante 82 años.

Ha sido el vigilante de una empresa de seguridad el que ha impedido la entrada a la propiedad a los encargados del traslado, operarios deuna empresa de mudanzas contratada para la ocasión.

Los Franco tenían el visto bueno para retirar “las cosas, bienes u objetos” de su propiedad, según una diligencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, que hace dos semanas lo autorizó en cumplimiento del auto judicial de la Audiencia Provincial coruñesa que revocó el depósito de todos los bienes en favor del Estado.

Sin embargo, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso contra la decisión judicial. También la Diputación de La Coruña y los ayuntamientos de Sada y La Coruña se han sumado a la petición con la presentación de los documentos pertinentes.

El Gobierno central quiere que se identifiquen los enseres que los Franco quieren trasladar y que se establezca un calendario de mudanza para que la operación se lleve a cabo bajo supervisión.

La diligencia de ordenación del 28 de abril daba un plazo de un mes a los Franco “y se requería a la Administración General del Estado para que se facilitase el acceso a los profesionales designados”, indica Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia. Con ese fin, presentaron un escrito el día 4 indicando las personas que se encargarían del traslado.

El letrado afirma que la decisión que les daba permiso para retirar sus enseres “no tiene efectos suspensivos”, ya que “no cabe recurso, es la ejecución de la resolución de la Audiencia de La Coruña, y no hay medidas cautelares”.

“Me preocupa que la Administración General del Estado no cumpla con una resolución judicial, y debería preocuparle a todo el mundo. ¿Cómo es posible? No vale todo, estamos en un Estado de Derecho”, lamenta Utrera-Molina.

El abogado y portavoz de los Franco anunció que llegaría hasta donde fuese necesario para reclamar lo que “es de mis clientes”. De momento está “preparando un escrito al juzgado denunciando la situación y pidiendo una ampliación del plazo, lógicamente”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha destacado que la Abogacía del Estado “sigue trabajando en el objetivo común de proteger lo que es un bien público”, refiriéndose a todo el contenido del interior del Pazo de Meirás, incluidas las dos estatuas del Maestro Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que la familia Franco tenía intención de llevarse del inmueble.

Mientras, el presidente de la Diputación de La Coruña ha confirmado también la presentación de recurso por parte de esta institución. “Seguimos en el camino de defender que aquellos bienes inventariados que sean patrimonio del Estado protegidos por el ámbito público lo sigan a estar”, ha dicho diferenciando estos del inventario de ámbito personal o familiar.

Por su parte, el Parlamento de Galicia ha votado por unanimidad de los tres grupos con representación en la Cámara -PPdeG, BNG y PSdeG- para “evitar un nuevo saqueo de bienes que fueron resultado del expolio franquista”. El objetivo es que la Xunta extienda la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) como “sitio histórico” de las Torres de Meirás también a su contenido.