El PP lleva la Ley Celaá al Tribunal Constitucional porque busca «monopolizar la educación»

La nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, sólo pretender «monopolizar» e implantar un «modelo único» y una educación «pública, única y monolítica», postergando al máximo a la escuela concertada, restringir que los padres puedan elegir libremente el centro para sus hijos al afectar directamente las ayudas a la escuela concertada e impedir que puedan acceder a fondos públicos a los colegios de educación diferenciada. Estos son algunos de los principales argumentos que han llevado al Partido Popular a recurrir 16 artículos de la citada ley, impulsada por la ministra Isabel Celaá.

Los populares sostienen que bajo el «aparente barniz de la igualdad» lo que se esconde en realidad es algo muy distinto: «gobierna la exclusión de la educación separada del sistema de fondos públicos, la limitación económica a las actividades de la educación concertada, la desintegración a plazos de la educación especial, y la orientación de la oferta educativa a la promoción de centros públicos. En una palabra, la restricción de la libertad mediante la restricción de la oferta educativa y la reducción de la educación a un modelo único».

Cinco son los bloques en los que el PP fija su recurso ante el Tribunal Constitucional: la Ley Celaá vulnera la libertad de enseñanza, ataca la escuela concertada, desmantela «a plazos» la educación especial, suprime el castellano como lengua vehicular en las comunidades con lengua propia –Cataluña, País Vasco, Valencia y Galicia– y priva a los centros de educación diferenciada de poder obtener fondos públicos, con lo que también se ataca a los padres.

En cuanto al uso del castellano en los colegios, el PP sostiene que al quedar marginado respecto a las «lenguas propias» de las comunidades que la tienen, la realidad es que se producirá una «ablación del carácter vehicular del castellano en la educación», eliminándose así «el último reducto que permitía a los padres reclamar de las administraciones educativas la efectividad de su derecho a que sus hijos puedan utilizar el castellano como lengua vehicular, normal y natural».

Respecto a la escuela concertada, la Ley impide que esos centros puedan organizar actividades complementarias del modo que entiendan más oportuno y adecuados, para financiar su mantenimiento. Por este motivo, el PP sostiene que tal previsión conduce a la «asfixia económica» de esos colegios, con la consiguiente limitación de la oferta educativa de la educación concertada, «y la merma del derecho de elección de los padres».

En cuanto a la educación especial, los populares esgrimen que el modelo de libre elección por los padres se convierte en un modelo único, el de educación «ordinaria», con reducción de la educación especial a «una educación marginal, excepcional, subalterna», distinta de la «ordinaria», y falazmente considerada como «no inclusiva» o «menos inclusiva». Y ello porque, según la propia Ley, sólo se atenderá a voluntad de las familias que presten su preferencia por lo que denomina «régimen más inclusivo», pero no a las que muestren su preferencia por que sus hijos sean escolarizados en centros de educación especial.

Esta nueva disposición , para el PP, lo que prevé es una desmantelación «a plazos» de la educación especial, «un giro hacia un modelo único de educación», en el que se reduce los centros de educación especial a una categoría excepcional, sólo para escolarizar a los alumnos que requieran una atención «muy especializada».