El escenario catalán comienza a despejarse. Y, aunque las negociaciones no se hayan decantado del lado más favorable para los intereses de Moncloa, en el Gobierno están dispuestos a jugar con las cartas que les han tocado. La «operación Illa» no se desplegó hasta el final –con el ansiado desembarco de los socialistas en la Generalitat– y los intentos del ex ministro de Sanidad de abrirse un hueco en el maremágnum independentista, presentando su candidatura a la investidura, quedaron cercenados en el mismo momento en que se hizo con la Presidencia del Parlament Laura Borrás. Los socialistas tendrán que hacer una oposición imaginativa en Cataluña que no les desdibuje –como ya le ocurriera a Inés Arrimadas– y en Madrid, todo parece indicar que Pedro Sánchez tendrá que volver a lidiar con un Govern independentista.

Desde el Ejecutivo reconocen abiertamente que no es una buena noticia, porque supone «reeditar un gobierno fallido» con Junts per Catalunya, pero son conscientes de que el hecho de que sea ahora Esquerra quien lleve la batuta, les beneficia. Que los de Oriol Junqueras quedaran por delante de los de Carles Puigdemont el pasado 14-F supuso un espaldarazo electoral a su estrategia de diálogo con el Estado, pero la distancia entre ambos es tan corta que la pugna por la hegemonía del independentismo no se puede dar, ni mucho menos, por concluida. Todo puede pasar, pero los últimos acontecimientos hacen que cunda cierto optimismo.

Del preacuerdo rubricado entre ERC y la CUP para avanzar hacia la investidura y forzar, de paso, a Junts a mover ficha trasciende el liderazgo de los republicanos en la órbita soberanista para seguir apuntalando su estrategia de interlocución con el Gobierno central. En clave nacional ambas formaciones independentistas se comprometen a preparar las condiciones necesarias a lo largo de la legislatura para realizar un nuevo «embate democrático, preferentemente en forma de referéndum», mientras se mantiene la apuesta de ERC por un proceso de negociación, para resolver democráticamente el conflicto de Cataluña con el Estado español. Que no se rompan los puentes con Moncloa y que la ambición de la vía unilateral quede reducida a «crear las condiciones necesarias» para llevar a cabo «preferentemente» un referéndum son dos cuestiones que se valoran en Madrid.

Sánchez sigue «plenamente comprometido» y con la «mano permanentemente tendida» para lograr un entendimiento en Cataluña que permita «resolver el conflicto político» existente, apuntan fuentes gubernamentales. No obstante, sí reconocen que existen «diferencias importantes» y no olvidan que durante la etapa precedente de Quim Torra al frente de la Generalitat el clima de confrontación constante no ayudó al diálogo. En concreto, en Moncloa están esperando a que se configure el nuevo Govern para empezar a desplegar su «agenda catalana».

El primer paso será la reunión de la mesa de diálogo, que quedó paralizada por la pandemia y que únicamente se reunió una vez en Madrid, hace más de un año. Es un compromiso alcanzado con ERC que «se va a cumplir», aseguran desde el Ejecutivo, donde achacan que si no hubo más reuniones de esta cumbre bilateral fue porque Junts las dinamitó. A Sánchez le interesa cuidar la relación con los republicanos, a quienes necesita en el Congreso de los Diputados para dar estabilidad a la legislatura y esos gestos se irán apreciando a medio plazo con la tramitación de la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición o la concesión de los indultos. En todo caso, esta sucesión de guiños se irá a activando a conveniencia y cuando el calendario lo aconseje, por lo que no se espera ningún movimiento hasta después de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, en las que Ángel Gabilondo quiere pescar en el caladero del centro moderado que representan los huérfanos de Ciudadanos.

Dependencia de ERC

Sánchez intenta cada cierto tiempo zafarse de la dependencia de ERC, pero sus intentos de tejer la geometría variable no terminan de fraguar. La apuesta de apoyar a Ciudadanos en su giro autonómico para ahogar el poder territorial del PP ha sido un fracaso, que ha acrecentado la debilidad de la formación de Inés Arrimadas, atando todavía más a Sánchez a sus socios de investidura. «¿Con quién van a pactar?», le espetó Gabriel Rufián a la vicepresidenta Carmen Calvo, en la pasada sesión de control al Gobierno, mientras recitaba una enumeración de iniciativas, incompatibles con el «outlet de la derecha», Rufián dixit, en alusión a Ciudadanos. «Nosotros no vamos a desaparecer», le advirtió el portavoz republicano al Gobierno, reivindicándose.

En Moncloa quieren hacer prevalecer su relación con ERC y aseguran que «no está en peligro», aunque se tiente a los naranjas en otros ámbitos. En todo caso, queda por calibrar hasta qué punto la nueva entente de los republicanos con Junts perjudica la interlocución de Aragonés con el Gobierno central, dado que Borrás ya anticipó que quería hacer extensivo el veto catalán también a Madrid. No parece que esta sea, por ahora, la actitud de ERC que se ha conjurado para blindar su relación preferente con el Ejecutivo, aunque tense la cuerda con apelaciones a la «amnistía». Esto, al tiempo que otros socios como Arnaldo Otegui (EH Bildu) defienden que dejar caer a Sánchez sería «irresponsable».