El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha negado en su declaración de este jueves como investigado ante el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral haber agredido a ningún policial durante su participación en una protesta en La Laguna ( Santa Cruz de Tenerife) el 25 de enero de 2014 en una manifestación contra la LOMCE, la Ley de Educación que aprobó el entonces Gobierno del Partido Popular. Aseguró que todo se debe a “un montaje policial” dentro de un “episodio más de criminalizar las protestas, de criminalización de la disidencia”. Por ello, afirmó, “no ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió”, es decir, golpear a un policía, como se sostiene tanto la Fiscalía como el instructor cuando solicitó el suplicatorio al Congreso para poderle investigar.

Tras su declaración, el dirigente de Podemos aseguró que sólo participó en esa protesta, “junto a miles de canarios y de canarias”, en apoyo de la educación pública y en contra de los “recortes”, pero sin agredir a ningún agente. Por ello, afirmó que “evidentemente, no tengo nada de lo que arrepentirme ni de avergonzarme”. Y, a la vez, incidió en que continuará “participando en movilizaciones toda mi vida con orgullo, por mucho montaje policial o criminalización de las protestas”.

En relación con los hechos por los que es investigado, y que pueden indiciariamente constituir un delito de atentado contra la autoridad y falta de lesiones, Alberto Rodríguez dejó claro que negó esos hechos ante el instructor de la causa, “porque nunca ocurrieron”, a la vez que los enmarcó dentro de una “estrategia que no ocurre solo conmigo y no solo en este caso”, sino en un intento de “criminalización de la protesta social y que a lo mejor también tiene algo que ver con que ahora sea diputado de Unidas Podemos”.

La declaración de Alberto Rodríguez estaba prevista inicialmente para el 28 de enero, pero la misma se tuvo que aplazar porque padecía COVID-19.

La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Alberto Rodríguez, lo que quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado y pasar a ser aforado ante el Supremo. El Juzgado de La Laguna remitió entonces una exposición razonada al Supremo con los indicios de la actuación del parlamentario.

El Ministerio Fiscal había presentado un escrito de acusación antes de que el Supremo asumiera la competencia, en el que calificaba del diputado de la formación morada como constitutiva de un delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicitaba un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.