El fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa mantiene abierta desde agosto de 2018 una causa sobre la fortuna oculta del Rey Emérito, Juan Carlos I, que las autoridades judiciales españolas le comunicaron que debería investigarse en nuestro país.

«La jurisdicción española es competente para la persecución del delito de corrupción de agentes públicos extranjeros, en el concreto caso que se persigue en Suiza», especificó en un auto de 30 de octubre de 2019 el juez que instruye el «caso Villarejo», Manuel García Castellón, al que las autoridades suizas le habían reclamado las grabaciones del ex comisario en las que Corinna Sayn-Wittgenstein informaba de los movimientos de dinero de Juan Carlos I y de sus presuntos testaferros.

En la resolución, el magistrado ya advertía a las autoridades helvéticas de que los audios sobre las presuntas comisiones cobradas en el AVE de Arabia Saudí ya estaban siendo investigadas desde hacía varios meses por la Fiscalía Anticorrupción en Madrid.

”El mismo delito”

«El mismo delito de cohecho internacional» por el que se había iniciado el procedimiento penal en Suiza, estaba siendo analizado en España, especifica el magistrado en el mencionado auto.

En concreto, la Audiencia Nacional abrió en 2017 la pieza separada «Carol», que fue archivada el 7 de septiembre de 2018 con respecto a Juan Carlos I. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2018 la Fiscalía Anticorrupción acordó incoar una investigación sobre las supuestas comisiones abonadas por el consorcio de empresas españolas que resultaron adjudicatarias de la construcción del AVE entre las ciudades saudíes de La Meca y Medina.

En el mismo sentido, el juez García Castellón destacó a la Fiscalía suiza, que también había reclamado la entrega de documentos «relevantes» relacionados con la licitación para la construcción de la línea de ferrocarril saudí, que esa información formaba parte de la investigación que desarrollaba el ministerio público español.

Mantiene la causa

Pese a todos estos avisos, el fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, quien ante las autoridades españolas había reconocido que sus pesquisas guardaban relación con la investigación que se desarrolla en España, mantiene abierta la causa que inició el 8 de agosto de 2018 tras publicar la prensa española los audios sobre la fortuna oculta del Rey Emérito en Suiza.

La propia Fiscalía Anticorrupción española, en un gesto de buena voluntad con Suiza, informó en un escrito de 30 de septiembre de 2019 que antes de entregar las grabaciones de Villarejo pretendía concretar «la jurisdicción nacional que se encontraba en mejores condiciones para la persecución de los delitos de cohecho internacional y blanqueo de capitales, actualmente objeto de dos procedimientos paralelos en España y en Suiza».

En el mismo sentido, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que pretendían eludir «un conflicto internacional de jurisdicción», explicaron al juez García Castellón que consideraban «procedente» buscar un «consenso con las autoridades judiciales de Suiza para determinar qué jurisdicción se encontraba en mejores condiciones para la persecución de los delitos» conocidos tras hacerse públicas las grabaciones de Villarejo.

Septiembre de 2019

La comisión rogatoria enviada el 13 de septiembre de 2019 por el fiscal suizo a España da cuenta de la investigación que se sigue en este país sobre la fortuna de Juan Carlos I. Y según explica el juez García Castellón, los datos descubiertos por la Justicia suiza son «mucho más específicos y concluyentes, pero completamente coincidentes con el contenido de las grabaciones que motivaron el inicio de la investigación española», pues apuntan que se habían detectado «una serie de sociedades y cuentas bancarias gestionadas por residentes en Ginebra, que operarían como testaferros de Juan Carlos I». Con esta operativa, prosigue el juez, habrían circulado capitales que después fueron utilizados en inversiones inmobiliarias en Londres, por lo que podría haberse cometido un delito de blanqueo de capitales.

Otra prueba más de los vínculos entre las causas que se investigan en ambos países, según el instructor, es que una de las conversaciones grabadas por Villarejo, y que investiga la Fiscalía española, también «alude a la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado AVE del desierto, y cuya fase dos fue adjudicada en octubre de 2011 al consorcio Al Shoula Group compuesto por doce empresas españolas (entre ellas OHL, presidida por Juan Miguel Villar Mir) junto a dos saudíes (Al Shoula Group y Al Rosan Contracting)»