Los trabajadores de Podemos para el 28-A no conocían a ningún empleado de Neurona

Si el juez que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos esperaba que tres trabajadores del sector audiovisual contratados por el partido para la campaña del 28-A arrojasen ayer alguna luz sobre el personal de Neurona, las comparecencias no hicieron sino arrojar más incertidumbre sobre la identidad de la plantilla de la consultora en España.

Y es que las declaraciones ante el magistrado Juan José Escalonilla de dos de estos testigos (el tercero, que reside en el País Vasco, se encuentra en Irlanda y no acudió a la cita) –un cámara y una profesional audiovisual– dejaron una certeza y dos interpretaciones contrapuestas. Según las fuentes jurídicas consultadas, los dos testigos admitieron que no conocían a ningún trabajador de Neurona, la consultora a la que la formación morada pagó 363.000 euros precisamente para trabajos de contenido audiovisual en esa campaña (fundamentalmente por la edición de vídeos que se difundían en redes sociales).

Las valoraciones de ese desconocimiento son, sin embargo, de lo más dispares. Mientras fuentes de Podemos consideran normal que no conociesen a los trabajadores de Neurona, porque los testigos solo se dedicaron a tareas de streaming (retransmisión en directo de los mítines) y no a la edición de los vídeos ni a la toma de fotografías, la letrada de Vox Marta Castro considera «muy raro» que desconociesen este hecho cuando todos ellos llevaban a cabo trabajos de carácter audiovisual en esa campaña.

Fuentes moradas recalcan que los contratados externos «no tenían por qué saber quién era quién» de los empleados que también trabajaban para Podemos, en este caso a través de Neurona. Sus labores, insisten, «no se solapan, son complementarias». «Ni se ocupaban de la edición de los vídeos ni de la segmentación de imágenes para redes sociales», tarea que sí realizaba Neurona, según su versión.

No obstante, la letrada de Vox, que ejerce la acusación popular, mostró abiertamente su extrañeza –a las puertas de los juzgados– por el hecho de que ambos testigos «no supiesen quién les contrataba ni hayan dado detalles de sus cometidos o de la planificación audiovisual» de la campaña. «Queda una nebulosa importante sobre quién daba las instrucciones», afirmó Castro, para quien las respuestas de los comparecientes resultaron «indefinidas». «Si Neurona Comunidad tuviese trabajadores –dejó caer la letrada– sería muy fácil citarlos a declarar».

El juez Escalonilla trataba de esclarecer con estas comparecencias si la formación morada pagó a Neurona por trabajos de consultoría que se prestaron realmente (de ahí que indague en un posible duplicidad de tareas entre las personas contratadas por Podemos y el objeto de los encargos a Neurona) o se trató de una tapadera para desviar fondos electorales.

Tirso Nohales, cámara contratado por Podemos para la campaña del 28-A, explicó al instructor que trabajó en una decena de actos de campaña (entre ellos el inaugural y el de cierre), pero dijo no recordar si las imágenes que le mostraron de vídeos editados por Neurona fueron grabadas por él. «No se acuerda. Ni confirma ni desmiente que sean suyas», apuntan fuentes de Podemos.

Por su parte, Silvia Santana Rodríguez, que también compareció ante el juez, manifestó que ella solo cubrió un par de actos de campaña. En lo que sí coincidieron ambos fue que en recalcar que ninguno se dedicaba a editar vídeos y que su función se limitaba al streaming.

Hace unos días, el que fuera administrador de la consultora hasta el pasado enero, Elías Castejón, remitió al instructor de la causa cuatro facturas del 26 de abril de 2019, que suman casi 3,2 millones de pesos mexicanos (130.673 euros al cambio), correspondientes a los trabajos que presumiblemente había desarrollado para Neurona la sociedad mexicana Creative Advice Interactive Group para el 28-A. Esta supuesta empresa fantasma justifica los encargos en conceptos como «desarrollo de estrategia de comunicación», «producción de “spots” publicitarios», “gestión y manejo de redes sociales» y «gestión y manejo audiovisual para proyecto de realización de “spots» con alta cobertura gráfica». De ahí que el juez quiera esclarecer si esos trabajos ya los realizaban empleados de Podemos.