Solo seis días después de que los Franco entregaran las llaves del Pazo de Meirás al juzgado coruñés que condenó a la familia a su entrega al Estado –provisional hasta que no haya un fallo definitivo–, se produjo la primera reunión de las administraciones que han constituido la comisión técnica sobre la propiedad: Gobierno central, Xunta, Diputación coruñesa y ayuntamientos de Sada y La Coruña, que decidieron que la gestión se hará en «un marco de colaboración» mediante un convenio, mientras no haya una sentencia firme. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, indicó al término de la cita, el pasado martes, que el Pazo de Meirás no se abrirá al público «en estos momentos» debido a que se encuentra en «una situación realmente preocupante, sobre todo el interior». Sí parece más factible el próximo mes de enero para lo que sería una apertura parcial, solo del exterior.

Estas declaraciones han sorprendido a Francisco Franco Martínez-Bordiú, quien considera que se trata de «otra trampa más, ahora dirán que no lo hemos cuidado». En su opinión, se trata de «acoso, desprestigio, palo» contra su familia.

Pero no menos asombro causa en la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que hasta hace días se ha encargado de la gestión de las visitas al pazo. Sobre esas presuntas malas condiciones en que se encontraría por dentro, el presidente ejecutivo de la FNFF, Juan Chicharro, asegura que «es mentira, está perfecto, de hecho las visitas se han estado haciendo hasta hace nada».

De la misma opinión es el abogado y portavoz de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, que desmiente las afirmaciones sobre que haya problema alguno en la finca. «Es absolutamente falso. El pazo está en perfecto estado. De hecho, la Xunta nos obligó a mantener las visitas hasta el viernes 4», apunta, lo que quiere decir que la residencia acogió a los interesados en conocerla hasta solo seis días antes de la entrega formal del inmueble, que tuvo lugar el jueves 10 de diciembre. Sobre las declaraciones acerca de las condiciones de las estancias, Utrera-Molina señala con ironía que «debe ser por la entrega de las llaves...», a causa del trasiego que hubo dentro precisamente ese día, entre representantes legales, miembros de la administración y medios de comunicación que tomaron nota de todo.

Sobre la intención de abrir ya, aunque sea los espacios exteriores, el consejero de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez, propuso la fecha del próximo 25 de enero, hasta que la casa pueda visitarse, con el fin de «no generar una frustración en los gallegos» que quieran verla.

Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática recalcó que abrir el Pazo en estos momentos «es difícil». Asegura que «está en muy malas condiciones, hay que asegurarlo desde el punto de vista de seguridad, arquitectónico y con todas las garantías».

Por ello, y después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, plantease un plazo de «cinco o seis semanas» para reiniciar las visitas, Fernando Martínez dijo que se habló de la apertura de los exteriores en enero. «Pero no está decidido todavía, en una próxima reunión se planteará alguna fecha para abrir el pazo». Está previsto que las administraciones se vuelvan a reunir dentro de un mes.

En el encuentro, del que todas las partes destacaron el grado de acuerdo, se planteó también la fórmula de un convenio entre las administraciones para la gestión del inmueble mientras el Estado lo ostente de manera provisional, a la espera de que haya una sentencia definitiva, que puede tardar aproximadamente dos años y medio en conocerse.

En cuanto a los usos, el secretario de Estado de Memoria Democrática explicó, como ya había avanzado la vicepresidenta del Gobierno, que un grupo de expertos «ayudará» a las instituciones en este ámbito. De hecho, esta semana él mismo mantuvo un encuentro con investigadores y expertos que asesoraron en la reclamación del Pazo para integrarlo al patrimonio público.

Por el momento, apuntó, «se ha avanzado en la idea de un relato que nos permita contar toda la historia». «Desde Emilia Pardo Bazán hasta la recuperación del Pazo», recordando que la Administración central defiende también que debe ser «un referente de la memoria democrática y el conocimiento profundo de lo que significó el franquismo».

Por su parte, el consejero de Cultura del Gobierno gallego manifestó que «más allá de cuestiones porcentuales o específicas», hubo una «coincidencia general» en cuanto a los usos. Al respecto, recordó que la Xunta plantea «la referencia a Emilia Pardo Bazán y lo que ha significado en el mundo de la cultura», sin «obviar» a Franco, y aludiendo a «la preponderancia de la cultura democrática frente a la dictadura».

Mientras, el alcalde de Sada, Benito Portela, también remarcó el «amplio consenso» y, en su caso, apeló a recoger en los usos las distintas etapas por las que pasó el Pazo. En cuanto al convenio entre administraciones, planteó que debe dejarse abierto a la participación de las entidades de Memoria Democrática.

Como los demás representantes institucionales, el portavoz del Gobierno de la Diputación de La Coruña, Bernardo Fernández, llamó al «compromiso» de que la apertura sea lo antes posible y trabajar para que «pueda ser en enero». Mientras, el concejal de Memoria Histórica de La Coruña, Jesús Celemín, remarcó el «espíritu de colaboración». «Ya hemos hecho lo más difícil», apostilló en relación al acercamiento de posturas.