La Fiscalía Anticorrupción advirtió en septiembre de 2018 que la Agencia Tributaria debería haber abierto una investigación sobre las cuentas del Rey Emérito, Juan Carlos I. Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que los entonces fiscales del “caso Villarejo”, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, reclamaban el archivo de las diligencias penales que habían sido abiertas por las declaraciones grabadas por el ex comisario José Manuel Villarejo a la ex amante del monarca Corinna Larsen.

Sin embargo, pese a pedir el cierre de estas pesquisas, los fiscales advertían en el documento remitido al magistrado que “las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal”.

Y para apoyar esta opinión, los representantes del Ministerio Fiscal en el “caso Tándem” recordaron que los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) habían emitido “un comunicado el pasado 12 de julio [de 2018] en el que manifiestan que las conversaciones, que han sido publicadas, tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique”.

“Bienes en el extranjero”

No obstante, en el sumario de la pieza separada del “caso Villarejo” denominada “Carol” no consta que la Agencia Tributaria investigara las operaciones bajo sospecha del Rey Emérito. Sí consta un comunicado de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria anterior a la advertencia de los fiscales, en concreto del 5 de septiembre de 2018, en el que se especifica que “S.M. el Rey Emérito Don Juan Carlos I no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”.

En un segundo párrafo, el inspector jefe de la Onif, José Manuel Alarcón Estella, completa que en las diversas fuentes de información de que dispone la Agencia Estatal de Administración Tributaria “no hay constancia de que S.M. el Rey Emérito Don Juan Carlos I posea cuentas corrientes en el extranjero”.

La causa sobre Juan Carlos I fue archivada en la Audiencia Nacional el mismo 7 de septiembre de 2018. Pero la parte sobre las comisiones del AVE de Arabia Saudí se mantuvo abierta en la Fiscalía Anticorrupción, de la que se encargó el fiscal Luis Pastor. En junio pasado, la Fiscalía General del Estado dejó en manos del fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos Campos las pesquisas sobre el AVE a La Meca, en las que resultaban necesarias “la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito”.

Stampa y Serrano

El 4 de septiembre de 2020, dos años después del primer aviso, los fiscales Stampa y Serrano volvieron a repetir su advertencia. En un segundo escrito reiteraron que las conversaciones grabadas por Villarejo en las que aparecía el Rey Emérito merecían “la atención de las autoridades tributarias”, porque podrían “derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal”.

El magistrado que investiga el “caso Villarejo”, Manuel García Castellón, recogió el razonamiento de los fiscales en un auto de 27 de julio de 2020, mediante el cual reabría la pieza “Carol”.

Sin embargo, desde finales de 2019 el fiscal Luis Pastor ya investigaba en secreto el presunto pago a Juan Carlos I y varios familiares, entre los que no se encontraba Felipe VI, de más de 800.000 euros con tarjetas a nombre de un presunto testaferro, el coronel Nicolás Murga, y que habrían sido abonados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Dolores Delgado

Al conocerse la investigación sobre las tarjetas opacas, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, remitió el 3 de noviembre las pesquisas de Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal de Supremo, que supuestamente notificó a Juan Carlos I la existencia de las mencionadas pesquisas.

Tras publicar el diario “El País” el 7 de diciembre la intención del Rey Emérito de regularizar su situación con Hacienda, el abogado del monarca Javier Sánchez-Junco anunció el 9 de diciembre que su cliente había abonado 678.000 euros, con lo que pretende librarse de los eventuales delitos fiscales de los que alertó ya Anticorrupción en septiembre de 2018.