Don Juan Carlos, cinco meses bajo la lupa de la Fiscalía

Cinco meses y tres diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo con el Rey emérito como protagonista. Desde que el pasado julio el Ministerio Público decidiera indagar en los cien millones de dólares (64,8 millones de euros) que recibió Don Juan Carlos en 2008 del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, supuestamente como comisión por su labor de intermediación en la adjudicación de las obras de construcción del AVE de Medina a la Meca, se han sumado otras dos nuevas investigaciones que siguen bajo la lupa del fiscal Ignacio Campos, al frente de unas pesquisas que deberán determinar si las presuntas irregularidades deben ser finalmente judicializadas.

Por un lado, los gastos que el Rey Emérito y miembros de su familia (de los que estarían al margen Don Felipe y Doña Letizia) realizaron entre 2016 y 2018 con cargo a tarjetas de crédito opacas titularidad del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause y, por otro, la posible vinculación del monarca con una cuenta radicada en la isla de Jersey, de la que alertó a Anticorrupción el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

De las tres investigaciones de la Fiscalía, la más embrionaria es esta última y la que tiene un mayor recorrido es la que hace referencia a la cuenta suiza del monarca, pues afloró durante la instrucción de la «pieza Carol» del inagotable «caso Villarejo» a raíz de las conversaciones grabadas por el excomisario a Corinna Larsen en Londres en 2015, en las que la que fuera amiga íntima de Don Juan Carlos aseguró que el Rey emérito tenía una cuenta en Suiza con dinero proveniente de una supuesta mordida por las obras del AVE a la Meca y que la había utilizado a ella de testaferro.

Estas diligencias, no obstante, son las que ofrecen un mejor pronóstico penal para Don Juan Carlos –que un mes después de que saliera a la luz la investigación abandonó nuestro país rumbo a Emiratos Árabes–, pues los hechos tuvieron lugar antes de junio de 2014, cuando se produjo su abdicación, una fecha que es clave a la hora de determinar las posibles responsabilidades penales en las que haya podido incurrir, pues hasta entonces estaba amparado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado, lo que se traduce en que no es posible imputarlo por ninguno de sus actos mientras ésta subsiste. Desde entonces, sí puede ser investigado pero por su condición de aforado sólo por el Tribunal Supremo, que ahora está a la espera de escuchar las conclusiones que alcance el Ministerio Público.

La Fiscalía apuntó en un informe de septiembre de 2018, en el marco de la citada «pieza Carol», que los indicios contra el Rey eran «extraordinariamente débiles» y que, en todo caso, pueden estar amparados por la inviolabilidad, lo que parece abocar estas diligencias al archivo salvo que de la documentación solicitada a las autoridades suizas se derive algún tipo de actuación irregular que afecte al soberano más allá de junio del año 2014.

En cualquier caso, la Fiscalía esgrime la «soberanía de jurisdicción» respecto al exjefe de Estado, por lo que entiende que si en España no se aprecian indicios de delito o se concluye que el Rey emérito está amparado por la inviolabilidad o los hechos han prescrito, Suiza no podría investigar a Don Juan Carlos por estos mismos hechos.

El fiscal Campos, especializado en delitos económicos, ya dejó claro el pasado octubre –en el escrito en el que se oponía a la querella presentada por Òmnium Cultural contra Don Juan Carlos por blanqueo y fraude fiscal– que la remisión de esa documentación por parte de la Fiscalía suiza y del cantón de Ginebra abría «nuevas perspectivas» sobre la investigación, dado que debería ser complementada con más diligencias que en su opinión desplegarían «un abanico de posibilidades imposibles de valorar en este momento».

Por ahora, el último movimiento de relevancia que ha trascendido respecto a esa cuenta suiza en el banco Mirabaud titularidad de la Fundación Lucum –gestionada por el gestor de fortunas Arturo Fasana y de la que Don Juan Carlos sería el primer beneficiario– es la transferencia de esos 65 millones de euros ordenada en 2012 –dos meses después del accidente del Rey emérito en Botsuana en el mes de abril– a favor de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie en Nassau (Bahamas), un dinero que acabaría en manos de Corinna Larsen, que asegura que se trató de un «regalo» del monarca español. En esos momentos, en todo caso, el soberano seguía amparado por la inviolabilidad.

El segundo frente que tiene abierto el Rey emérito –adelantado por Eldiario.es– se centra en los gastos efectuados entre 2016 y 2018 por Don Juan Carlos y otros miembros de su familia con cargo a unas tarjetas opacas a nombre del millonario mexicano Sanginés-Krause, para lo que se habría utilizado de testaferro al teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga.

Al margen del recorrido penal de estas diligencias, según ha avanzado El País la intención del Rey emérito es regularizar su situación con Hacienda, acogiéndose a la posibilidad que brinda el artículo 305,4 del Código Penal siempre que ese paso se produzca «antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones» o de que la Fiscalía «interponga querella o denuncia contra aquél». De esta forma, el padre de Felipe VI allanaría la posibilidad de eludir una imputación por un delito fiscal por cada ejercicio en la que la cuota defraudada supere los 120.000 euros.

La que por ahora es la última preocupación judicial de Don Juan Carlos trascendió tras alertar el Sepblac de la existencia de un trust financiero en la isla de Jersey, un tradicional paraíso fiscal en el Canal de la Mancha, del que el Rey emérito sería beneficiario, y en el que se habrían llegado a depositar, según adelantó La Sexta, casi diez millones de euros y desde el cual se habría detectado una transferencia sospechosa.