Sánchez tendrá que responder a Europa por el caso “Delcy”

A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de zanjar en falso el polémico encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero en Barajas, ahora deberá dar explicaciones ante el Parlamento Europeo.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió ayer –con el rechazo de PSOE y de Unidas Podemos en Europa– seguir investigando la posible vulneración de las sanciones europeas por parte de España al haber al haber permitido la entrada en territorio español, y por tanto comunitario, de la número dos de Nicolás Maduro sobre la que pesa una sanción expresa europea por violaciones de los derechos humanos. La citada comisión decidió ayer enviar una carta al Gobierno español con el objetivo de conocer qué medidas adoptó Moncloa para evitar la entrada en el territorio español, de Delcy Rodríguez. Enviará sendas misivas al ejecutivo comunitario y a la presidencia semestral alemana. Según explicó la presidenta de la comisión, la eurodiputada, Dolors Montserrat, la Comisión Europea es «competente para asegurar el cumplimiento del derecho de la UE, de manera que recabe toda la información disponible para conocer que pasó». En cuanto al gobierno alemán, que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, sería el responsable del grupo de sanciones del órgano Relex comunitario.

Aunque es una investigación sin efectos vinculantes, sí es una manera de ejercer presión sobre las fuerzas políticas de los países europeos. Desde Unidas Podemos aseguraron a LA RAZÓN que su posición era la de rechazar la comisión porque «tal y como ha venido diciendo la Comisión Europea con el Alto representante Borrell a la cabeza, no hay motivos para abrir ningún expediente de infracción a España». A juicio del partido morado, la Comisión de Peticiones «no es competente» en esta materia y opina que el bloque de la derecha utilizan «las instituciones europeas para desestabilizar al Gobierno de coalición».

Desde el PP, sus eurodiputados calificaron como «grave»el hecho de que no se tomen medidas para cumplir con las sanciones. En palabras del eurodiputado Leopoldo López Gil, es «aún más grave» que esa actuación no haya tenido respuesta por parte de Bruselas porque «se puede interpretar como luz verde de las instituciones europeas a la falta de voluntad jurídica de los estados miembros de aplicar la restricción de viajes» a las personas afectadas por las sanciones. Desde Ciudadanos, el eurodiputado Jordi Cañas respaldó que el Parlamento investigue el caso «porque ha quedado acreditado que el Gobierno de España permitió que se violase la decisión de la UE de impedir a determinados miembros del gobierno dictatorial de Venezuela pisar territorio Schengen», aseguró.