A pocos días del primera aniversario de la exhumación de Franco, los herederos del dictador aceptan entregar “provisionalmente” el Pazo de Meirás al Estado mientras no se resuelva el recurso que han presentado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña que les condenó a su devolución el pasado 2 de septiembre.

Así consta en un escrito dirigido al juzgado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase la semana pasada que el Gobierno solicitaría la ejecución provisional de la sentencia.

El Estado pretende evitar así la espera hasta que se resuelva el recurso de apelación que han presentado los Franco para mantener la propiedad del pazo, que podría dilatar la entrega al patrimonio público hasta dos años.

El ministro no concretó el uso que se daría al inmueble, pero incidió en que “lo verdaderamente importante es que sea el Estado el que tenga la gestión, y no la Fundación Francisco Franco”, que se encarga desde 2017 de las visitas a la propiedad situada en el municipio coruñés de Sada. “Una cuestión que reclama toda la ciudadanía”, apostilló.

El fallo del tribunal no es firme y contra él se ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña. A la espera de su resolución, la familia del dictador ha dado su brazo a torcer y acepta la entrega de la propiedad.

En su escrito, los herederos del dictador sostienen que han tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que la Administración General del Estado “ha dado instrucciones a su dirección letrada en las presentes actuaciones para que solicite la ejecución provisional de la sentencia”.

Sobre esta decisión, avanzan que no tienen intención de oponerse “a tal solicitud”, al tiempo que muestran su disposición a que “con carácter provisional”, y a la espera de cómo se resuelva su recurso, “cumplir voluntariamente la obligación de entrega a su cargo declarada en la sentencia”, añaden sobre el inmueble en un escrito con fecha de este martes.

El fallo

En la sentencia que ahora se encuentra recurrida, la jueza declaró , declaró la nulidad de la donación efectuada en 1938 de “la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”. Esa decisión concluyó que la compraventa realizada el 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, lo que determina la nulidad de la misma.

Los argumentos del tribunal echaron por tierra la estrategia de los Franco señalando la existencia de un documento de compra con la intermediación del empresario Pedro Barrié de la Maza. Un trámite que califica como “ficción” llevada a cabo “solo con el objeto de poner el bien a su nombre”.

Además, condenó a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que esta parte alegó haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. Tras el fallo, los Franco presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña que aún está pendiente de resolución.

Además del Pazo de Meirás, los Martínez-Bordiú Franco afrontan las reclamaciones por dos estatuas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela y la señorial Casa Cornide, situada en el casco viejo de La Coruña.