Esta semana nos informó el Ministerio del Interior de los dos últimos trasladados de presos etarras aprobados por Instituciones Penitenciarias. Si bien es cierto que no se tratan de acercamientos a cárceles del País Vasco, o Navarra, sí que se trata de un acercamiento considerable a centros penitenciarios más próximos. De Salamanca a Logroño y de Almería a Soria. Con estos dos, ya son 41 los traslados a cárceles más próximas desde que Pedro Sánchez accediera al Gobierno. A ninguno de ellos se les ha exigido la colaboración con la justicia como elemento para valorar su pronóstico favorable de reinserción, tal y como viene defendiendo la AVT desde la primera reunión que mantuvimos con el Ministro Marlaska en septiembre de 2018.

El lugar donde los presos deben cumplir sus condenas no es una cuestión de legalidad, en contra de lo que algunos sostienen no es un derecho de los presos cumplir sus condenas cerca de sus domicilios, sino que es una cuestión de política penitenciaria. Es decir, es potestad de Instituciones Penitenciarias decidir cuál es el mejor lugar para que un preso cumpla su condena, siempre pensando en favorecer su reinserción.

El problema viene cuando por parte de los presos se utiliza la legislación, y la nueva política penitenciaria, como “método de lucha”, en palabras del etarra Gorka Fraile, para la consecución de lo único que quieren: la libertad de todos los etarras presos. Porque no nos engañemos, no quieren a los presos cerca los quieren libres.

Las víctimas del terrorismo tenemos que recorrer también muchos kilómetros. Pero nosotros para visitar las tumbas de nuestros seres queridos. Asesinados por todos los que ahora reclaman una humanidad que ellos nunca tuvieron. Ellos eligieron ser terroristas. Nosotros nunca elegimos ser sus víctimas.