Una iniciativa del Grupo de Izquierda Confederal –que integran las formaciones de Ada Colau e Íñigo Errejón– va más allá de la petición que hizo Podemos en 2018 para derruir la cruz del Valle de los Caídos y plantea la demolición de todo el complejo de Cuelgamuros.

En plena pandemia, el grupo parlamentario de Izquierda Confederal en el Senado presentó el pasado 21 de abril en el Registro de la Cámara una proposición de ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Franquismo y de la Memoria Democrática del Estado Español, cuyo artículo 27 recoge la demanda expresa acerca del Valle de los Caídos.

Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Mès per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya En Comú Podem) plantea en el texto, al que ha tenido acceso este periódico, la «resignificación de todo el complejo, eliminando toda expresión y connotación franquista» pero, en caso de «valorarse su escaso valor arquitectónico», después de una evaluación de «un comité de expertos creada para tal fin, se procederá a la demolición del mismo previa exhumación de todos los restos y entrega a los familiares».

La propuesta incluye «anular los convenios y acuerdos de gestión, administración o cesión de la titularidad y uso de todas las partes de este recinto firmados antes de la democracia y se gestionará en su caso como Patrimonio Nacional, de manera pública». Es decir, también desaparecería la Hospedería que gestiona la comunidad benedictina y que ofrece alojamiento y restaurante, obviamente no desde que se decretó el estado de alarma por coronavirus.

A preguntas de este periódico, el prior de la abadía, Santiago Cantera, declinó en un primer momento hacer «comentarios personales al respecto», aunque luego ha manifestado que «parece mentira que con la tragedia que estamos viviendo estas sean sus prioridades».

También se ha pronunciado la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), desde donde comparan esta iniciativa con el desvío de atención que se procuró el Gobierno «con la profanación de la tumba del Generalísimo» el pasado 24 de octubre y su traslado a Mingorrubio. En opinión del presidente de la entidad, Juan Chicharro, «apenas difiere de la proposición de ley de memoria histórica que el PSOE presentó en el Congreso en enero. Ambas responden al mismo patrón de odio, sectarismo y totalitarismo al que nos tiene acostumbrados esta izquierda rancia anclada en 1917».

Para Chicharro, la demolición de la basílica y la cruz es un «despropósito que no cabe en cabeza alguna». En su opinión, «tendría una repercusión internacional de tal calibre que lo imposibilitaría», y además dejaría «sin efecto los acuerdos Iglesia-Estado sobre los lugares de culto».

El presidente de la Fundación Franco dice confiar en que «tamaña barbaridad así como todo lo que en esas proposiciones de ley se establece» sea impugnado en vía parlamentaria «y con la previsible oposición de la mayoría de los españoles».

El articulado afecta expresamente en el apartado 23 a la Fundación Franco, por cuanto se insta a la «ilegalización inmediata» de las «asociaciones, entidades, fundaciones, etc., que conmemoren, justifiquen, exalten, enaltezcan el golpe militar de 1936, el franquismo o a sus dirigentes procediendo a su ilegalización inmediata».

En la propuesta presentada a la Mesa del Senado, el artículo 28 recoge además los honores de ex dirigentes del franquismo, especificando que «ningún alto cargo, ministro, presidente del Gobierno ni el dictador mantendrá ningún título honorífico ni medalla de reconocimiento ni reconocimiento simbólico de ninguna administración pública». Asimismo, estipula que «deberán ser sus descendientes quienes se hagan cargo de sus sepulturas, no pudiendo estar estas en espacios de titularidad de la Administración General del Estado ni Patrimonio Nacional, ni correr con sus gastos de seguridad, ni mantenimiento».

Aboga la iniciativa de Izquierda Confederal por la «supresión de títulos nobiliarios concedidos desde el golpe de Estado de 1936» hasta 1977 «creados para figuras relevantes de la dictadura o en reconocimiento de la acción golpista y apoyo al régimen».

Estipula el punto 3 de este artículo que las recompensas y condecoraciones policiales «serán revocadas en todos los casos de personas cuando quede acreditado que estas fueron concedidas por labores de apoyo al régimen y sus instituciones».

La propuesta de las marcas blancas de Podemos va más allá e insta en su artículo 7 a la creación de un «Organismo Estatal para el establecimiento de la verdad», es decir, una comisión de la verdad que tendría entre sus funciones «promover en los programas y currículos escolares el conocimiento de los valores que representan las víctimas del franquismo».

Los promotores de esta ley consideran que la dictadura y sus políticas represivas se extendieron «hasta, al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978», y establecen que su aplicación «se extendería a los sucesos acaecidos desde el 17 de julio de 1936 hasta el 6 de diciembre de 1978» y que todos los crímenes y delitos «cometidos durante el franquismo han de entenderse como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles».