Abogados Cristianos denuncia la interrupción de ceremonias religiosas durante el estado de alarma

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha denunciado a los delegados de Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia -Sandra García Martín, Javier Izquierdo y José Vélez, respectivamente- por la interrupción de ceremonias religiosas durante el estado de alarma. A los tres les imputa un delito interrupción de culto, pues considera que esas actuaciones policiales se llevaron a cabo “cumpliendo sus instrucciones”.

Así lo señala la asociación que preside Polonia Castellanos en un comunicado en el que recuerda que la primera intervención se produjo el pasado 22 de marzo en la catedral de Valladolid y que las siguientes tuvieron lugar el pasado fin de semana en la parroquia de San Servando y San Germán, en el barrio gaditano de La Laguna, en una iglesia evangélica en Murcia y en la azotea de un edificio del barrio sevillano de Triana.

El artículo 523 del Código Penal castiga con penas de prisión seis meses a seis años, si el hecho se comete en un lugar de culto, o con una multa si se produce en otro lugar, a quienes “con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior”. Para la asociación, en los supuestos denunciados “es claro que nos encontramos ante una vía de hecho en la que se ha impedido el culto en una iglesia católica, incumpliendo” con lo establecido al respecto en el decreto del estado de alarma.

Unas conductas que Abogados Cristianos consideran que son reprochables penalmente al delegado del Gobierno competente, “puesto que la Policía solamente actúa cumpliendo instrucciones”, y ante la sospecha de que se estuviesen incumpliendo las restricciones impuestas, habría habilitado a los agentes para que pudiesen “entrar en la iglesia y disolver el culto”.

En la denuncia presentada ante el juzgado de guardia de Sevilla, por ejemplo, la agrupación letrada recuerda que el pasado día 5 la Policía Local “interrumpió una misa que se estaba oficiando en la calle Pagés del Corro", en el barrio de Triana, con motivo del Domingo de Ramos por un un sacerdote de la comunidad de Los Paules. Una celebración que, subraya, “contaba con todas las medidas de seguridad pertinentes y necesarias para el caso”. Y añade que aunque solo había ocho feligreses, todos miembros de la Congregación de la Misión, y que se encontraban celebrando el acto religioso en su propia azotea, han sido sancionados.

Abogados Cristianos explica que el decreto por el que se declara el estado de alarma especifica en su artículo 11 que “la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”. Castellanos defiende que en ese decreto “hay un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos”.

“Con todas las medidas de seguridad”

Respecto a la otras denuncia contra el delegado del Gobierno en Andalucía, la asociación se refiere a lo sucedido el pasado día 5, cuando “una quincena de feligreses se hallaba en la iglesia de San Servando y San Germán, en La Laguna (Cádiz), cuando una decena de agentes de Policía irrumpió impidiendo que se celebrase la misa diaria”, que según defiende “se celebraba con todas las medidas de seguridad necesarias, tanto en cuanto al número de asistentes como a la distancia de seguridad entre los mismos”.

En cuanto a lo sucedido en Valladolid el pasado 22 de marzo, Abogados Cristianos explica en la denuncia que ese día “como es habitual, se procedió a celebrar la misa de las seis de la tarde en la catedral de Valladolid, tomando para el caso las medidas de seguridad convenientes para evitar el contagio, como son guardar la distancia de seguridad así como mantener un aforo limitado”. Pero, añade, “para sorpresa de los allí reunidos, varias patrullas de la policía hicieron acto de presencia, dispersando a los fieles que se hallaban fuera instándolos a que regresaran a sus domicilios. Además, al sacerdote que iba a oficiar se le indicó que suspendiera la celebración o, si no, que la oficiase en solitario sin presencia de los fieles”.

Por último, la denuncia contra el delegado del Gobierno en la Región de Murcia se centra en una celebración del Domingo de Ramos en una iglesia evangélica situada en la calle Actor José Crespo de la capital murciana, donde la Policía desalojó a 30 personas. Ese acto, insiste la asociación, “se realizó manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias, tanto de espacio entre los asistentes como de número de los mismos”, por lo que “los fieles se vieron sorprendidos ante esta interrupción de culto, alegando que estaban llevando a cabo una celebración religiosa garantizada por el artículo 11 del decreto del estado de alarma”.

Con esos argumentos, la presidenta de Abogados Cristianos asegura que “estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”. “Se trata de una persecución religiosa”, denuncia Castellanos, para quien “la reiteración evidencia que no es algo casual”, por lo que reprocha al Gobierno que esté “aprovechando el estado de alarma para acabar con la libertad religiosa”.