El juez de Madrid Antonio Serrano-Artal ha comenzado la investigación sobre el «Delcygate», sobre las circunstancias en que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó al aeropuerto de Barajas en la madrugada del pasado 20 de enero y del encuentro que mantuvo con el ministro del Interior, José Luis Ábalos. Una vez admitidas a trámite las querellas presentadas por el Partido Laócrata y Vox y la denuncia del PP, el instructor ha iniciado la práctica de diligencias para depurar si se pudo incurrir en alguna ilegalidad, especialmente en aquello relacionado con el hecho de que pisara suelo de la UE una dirigente de Venezuela a la que la propia Unión Europea ha prohibido que lo haga en ningún estado de la Unión.

Por ello, como primera medida el instructor ha dictado una providencia en la que reclama al Ministerio del Interior información sobre los funcionarios encargados de cumplimentar las directrices del aeropuerto de Madrid-Barajas en todo lo relacionado con la llegada de viajeros, según informaron fuentes jurídicas.

Esta diligencia se enmarca en la querella que presentó el partido Laócrata contra aquellos «funcionarios o autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjería a Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, los días 19 y 20 de enero de 2020».

Con esta petición se trata de esclarecer a qué departamento o comisaría están adscritos o pertenecen los agentes para, en su caso, identificar posteriormente a quienes tuvieron alguna participación en todo lo relacionado con la estancia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas la citada noche y de su encuentro con el ministro de Trabajo, José Luis Ábalos. Se trata de saber, según las citadas fuentes, «cómo hay que actuar cuando un visitante llega al aeropuerto» y esclarecer de esa forma si se hizo de acuerdo con las directrices y con el mandato de la Unión Europea que prohibe que altos cargos del Gobierno de Maduro puedan pisar suelo de los estados miembros de la UE.

Este es uno de los aspectos esenciales, es decir, conocer si se respetó lo dispuesto por la Unión Europeo, o si, por el contrario, no se siguió las directrices comunitarias al respecto; y, si ello fuese así, conocer quiénes eran los responsables de aplicar el procedimiento previsto por la UE el veto europeo, y de quién se recibió la orden al respecto.

El magistrado ha recibido también la declaración jurada ante notario del vigilante de seguridad privada que presenció la reunión y que asegura que Rodríguez «pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros de maletas en España», ya que se trata de un documento que forma parte de la querella presentada por Vox, según apuntan las fuentes consultadas. Este trabajador ha sido suspendido de empleo y sueldo durante dos meses por facilitar que se grabara la sala de la terminal ejecutiva que usó Delcy Rodríguez en su escala en Madrid

Este juez investiga igualmente la denuncia que presentó el PP sobre estos mismos hechos y donde se admitió como medida cautelar la prohibición de que se destruyeran las citas de seguridad de lo sucedido esa noche en el aeropuerto y que tengan relación con la estancia de Delcy Rodríguez en el madrileño aeropuerto de Barajas.

La vis judicial del «Delcygate» mantiene viva una polémica que en el Gobierno quieren cerrar en su esfera política. El hartazgo recorre ya el Consejo de Ministros y esta actitud quedó patente en la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que emplazó al PP, de forma airada, a «pasar pantalla».

Pero el principal partido de la oposición no está dispuesto a soltar la pieza del ministro de Transportes, que acumuló varias mentiras en las sucesivas versiones que fue ofreciendo cuando se destapó el escándalo. Precisamente en una entrevista en LA RAZÓN aseguró que la vicepresidenta de Venezuela no llegó a bajar del avión y que su misión en Barajas era, a petición el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitar que descendiera de la aeronave y pisara suelo español por las sanciones europeas que pesaban sobre ella. Una tesis que se ha demostrado falsa por el peso de los hechos.

Evitar una «crisis»

La versión oficial en Moncloa es que Ábalos evitó una «crisis diplomática» con el «buen juicio» de sortear lo que hubiera supuesto la deportación de Delcy Rodríguez, pero la solidez de este argumento no ha sido suficiente para evitar que la oposición siga haciendo sangre y pidiendo insistentemente la dimisión del titular de Transportes. Este destino no está en la mente de Pedro Sánchez ni en la del propio Ábalos, que, además de ministro, es un peso pesado a nivel orgánico dentro del PSOE.