La Fiscalía se opone al permiso de 72 horas a Cuixart por “ausencia de arrepentimiento”

La Fiscalía se ha opuesto a la decisión de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners de conceder un permiso de 72 horas al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por su “ausencia de arrepentimiento” y no haber asumido los hechos delictivos, el “escaso tiempo de cumplimiento” de la condena de nueve años de prisión por sedición que le impuso el Tribunal Supremo por su papel en el “procés” y por no haber seguido un tratamiento penitenciario que le ayude a comprender que para conseguir la independencia “no hay otra vía” que la legal y que las leyes “se deben cumplir por todos los ciudadanos”.

En su resolución, la Fiscalía de Barcelona -que debe posicionarse al ser el permiso superior a 48 horas y necesitar del visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria- sostiene que a Cuixart le resta aún “mucho tiempo” para alcanzar las tres cuartas partes de cumplimiento de su condena (ni siquiera ha cumplido la mitad) y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que cuanto más alejado esté la extinción de la condena “menor posibilidad existirá” de aplicar una medida que persigue fundamentalmente “la preparación para la vida en libertad”.

Además, subraya que el informe psicológico incorporado a la petición de salida incide en que el líder de Òmnium sigue insistiendo en que el referéndum ilegal del 1-O fue un acto de desobediencia civil masiva y enmarcando el desafío a la legalidad en el derecho de reunión y protesta, de lo que se deriva que aunque reconozca los hechos cometidos “hace su propia interpretación, no considerando que estos sean delito”. Algo que la Fiscalía tacha de manifestaciones “justificativas de su actividad delictiva”.

De ahí que el fiscal entienda que “no hay una verdadera asunción delictiva, siendo tal aspecto de imprescindible cumplimiento para poder disfrutar de cualquier tipo de permiso”. Cuixart, en definitiva, “no mantiene una adecuada percepción de la gravedad de los hechos cometidos, no habiéndose producido ningún cambio que evidencia que está arrepentido”. Para el Ministerio Público, resultan “definitivas” sus manifestaciones indicando que “lo volvería a hacer en las mismas condiciones y por las mismas vías”.