La Ley de Startups del Gobierno de España fracasa en su primer año: bajan las inversiones

Desde su aprobación por parte del Consejo de Ministros a finales de 2021 y su entrada en vigor en diciembre de 2022, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la conocida como Ley de Startups no ha logrado triunfar. De hecho, las transacciones de financiamiento de startups durante 2023 disminuyeron en medio centenar, alcanzando la cifra de 376 operaciones. De este modo, los inversores han caído en un 10% desde su aprobación.

Estos datos se acentúan al analizar el informe ‘Presente y Futuro del Emprendimiento: Tendencias y Desafíos en el Ecosistema Startup’, elaborado por OBS. En el mismo, se recoge que desde diciembre de 2022, el número de operaciones de las startups se ha reducido en un 11,74%. A esto se le suma que el monto invertido en capital de riesgo en España descendió un 43%, hasta los 2.254 millones de euros. Un duro golpe para el Gobierno de Sánchez, que ve como su plan no ha tenido éxito.

La Ley de Startups posicionaba a España a la vanguardia europea en el desarrollo del ecosistema emprendedor, atrayendo a inversores capitalistas de riesgo, en unos tiempos difíciles en los que España precisaba de inversión tras la pandemia y con miras a unos incrementos imparables de la inflación, tal y como ha sucedido. Un impulso para las nuevas empresas tecnológicas que viene a reforzar la fortaleza digital del país.

¿Por qué ha fracasado?

Según el informe de OBS, el plan de la ministra de Economía por aquel entonces, Nadia Calviño, era estimular la inversión, atraer talento, establecer un marco de cooperación ente pymes, grandes empresas y compañías emergentes e impulsar la I+D+i tanto en el marco privado como en el de la Administración. Todo ello, con un respaldo incesante a las universidades y los centros formativos.

No obstante, el problema de la Ley de Startups es que deja fuera a las startups que ya han superado la etapa inicial de arranque, con un incremento en número de empleados y de ingresos, las conocidas como scaleups. Si se deja las inversiones en las empresas que se encuentran en fases avanzadas, se estará destruyendo el tejido productivo en el que previamente se ha invertido con fuerza.

De ahí que España necesite expandir su poder de alcance y fortalecer su competitividad, para convertirse en un ecosistema atractivo para la inversión y el talento a nivel internacional. De hecho, la inversión total descendió a 2.254 millones de euros, por lo que se experimentó una caída del 43%, hasta las 376 operaciones.

La situación de las startups en 2023

Teniendo en cuenta el fracaso de la Ley de Startups del Ejecutivo, las startups españolas cobraron una suerte diferente durante el pasado año. Si bien es cierto, Madrid y Barcelona siguieron siendo las ciudades que mayor inversión y talento lograron atraer, aunque se aprecia una tendencia hacia la diversificación, en la que otras ciudades van cobrando cada vez un mayor peso tecnológico.

De hecho, ciudades de la talla de La Coruña y Sevilla han ido creciendo paulatinamente durante el pasado año gracias a una serie de megarrondas, como las desarrolladas por las empresas Denodo y Universal DX. Le sigue, aunque a mayor distancia, la ciudad de Valencia, que ocupó el tercer puesto.

Las claves de la Ley de Startups

Gracias a la nueva normativa, las empresas reciben ventajas fiscales como un impuesto de sociedades, el cual pasó del 25% al 15% en el primer año. De igual modo, permite el aplazamiento de deudas tributarias, así como una exención fiscal a las stock options hasta 50.000 euros, siendo el límite previo de 12.000 euros.

De igual modo, la normativa establece un régimen fiscal especial para los nómadas digitales, además de un visado para quienes deseen venir a España a teletrabajar. Pese a todo, la Ley de Startups presenta lagunas que demuestran que es una oportunidad desaprovechada.

Pese a que el proyecto está permitiendo frenar la salida de startups nacionales a otras jurisdicciones, no parece lo suficientemente ambicioso para atraer startups internacionales. De hecho, los países bálticos o Portugal han tenido un gran éxito al ser capaces de unir un marco legal y fiscal sencillo, ágil y flexible con iniciativas de coinversión pública, así como con la involucración de reguladores sectoriales para facilitar la innovación dentro de sectores estrictamente regulados.

De ahí que pese al poder de talento, infraestructuras y calidad de vida de España, cuente con un gran hándicap; la falta de esfuerzo legislativo adicional. Una serie de mejoras que le permitan reducir la burocracia en su aplicación e incorporar nuevas aportaciones al sector privado. Además, es fundamental el hecho de incluir inversiones mediante sociedades vehículo y el apoyo a fondos y gestoras de capital riesgo.

De igual modo, el hecho de establecer un límite de exención de las stock options a 10 años, hace que no sea una medida tan beneficiosa como aparentemente parece. De ahí que a España le quede un largo camino por recorrer en la Ley de Startups.