Los contactos discretos de los que habla el ministro de la Presidencia en funciones Félix Bolaños, para cerrar con independentistas catalanes (ERC y Junts) y nacionalistas vascos la investidura de Pedro Sánchez, tienen ya un primer consenso. «Hay acuerdo para llegar a un acuerdo». Fuentes extra oficiales al tanto de la negociación, y que ya en su día también manejaron información privilegiada sobre cómo se cocinó el acuerdo bajo la mesa para derogar el delito de sedición y reformar la malversación, confirman este principio de pacto. A partir de aquí, la pelota sólo tiene que seguir rodando con discreción. Las bases para que se cierre el acuerdo son las dos que ha puesto Junts encima del tablero político, la amnistía y la autodeterminación. Hay que buscar la fórmula para «ajustarlas» a la legalidad, en el caso de la amnistía mediante reformas legislativas que se redactarán en mesa camilla, como ya hicieron con la sedición y la malversación. El referéndum de autodeterminación es inconstitucional, pero la idea es disfrazarlo de consulta que no sea vinculante, aunque pueda llegar a serlo, confusión en ese tira y afloja que permita a Moncloa sostener el mensaje de que todo se ajusta a la ley, mientras que los de Carles Puigdemont exaltan la épica independentista.

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia, siempre ha rechazado el indulto como un gesto de rebeldía frente al «plato de lentejas» por el que dicen que se han vendido los de ERC. Pero en realidad lo que quiere evitar es pisar la cárcel: tendría que ser juzgado, y condenado, antes de que el Gobierno pudiera tomar la decisión política de concederle esta medida de gracia.

La clave es encontrar la fórmula para cerrar judicialmente el «procés» con esa amnistía, que se vestirá de otra forma distinta, y que, además, en los cálculos políticos de Moncloa es útil para los intereses del líder del PSC, Salvador Illa. Ha sido el gran beneficiado de la política con el independentismo que ha practicado Pedro Sánchez en esta legislatura, y ahora avanzar por este camino puede ser el «golpe» definitivo para ganar las próximas autonómicas en Cataluña, una vez que «se terminen con los mártires del procés».

En Moncloa no pasan por alto que Junts sólo tiene siete diputados en Madrid, pero carecen de poder territorial en Cataluña, después de que salieran de la Generalitat perdiendo más de veinte millones en concepto de sueltos y dejando en la calle a más de doscientos cargos. Por eso, dicen que a Puigdemont no le queda otra que sentarse y negociar, después de años intentando bloquear al Estado, porque «si van a repetición electoral se pueden quedar en la mitad de escaños».

Oficialmente el discurso del Gobierno no se apartará del mantra de que el referéndum de autodeterminación es imposible, pero en los contactos abiertos sí se buscan otras fórmulas que eviten repetir unas elecciones de las que sólo el PP podría salir beneficiado.

La tensión con los partidos soberanistas se visualizará en la plaza pública, en la representación de un tira y afloja en el que cada parte tiene que ganarse a su parroquia, entre otras cosas porque, además, todos, salvo Bildu, han cosechado malos resultados en los últimos exámenes electorales y están ya inmersos en otro pulso electoral para 2024 (tanto en Cataluña como en el País Vasco).

La desventaja que supone que el PSOE haya sido arrasado en las elecciones autonómicas y municipales de mayo es una ventaja para Sánchez en esta negociación porque tiene una estructura orgánica territorial tan débil que los críticos no pueden plantarle batalla mientras siga en el gobierno. Y el grupo parlamentario es su guardia pretoriana, seleccionada por su lealtad, y en ningún caso romperá la disciplina de voto. La propuesta de Vox de buscar «socialistas buenos» dentro de este grupo no es más que una «boutade» para conseguir un titular.

Quienes dicen que ya hay acuerdo para llegar a un acuerdo también precisan que lo pactado debería implementarse en un año.