Objetivo de Puigdemont: la ley del referéndum

Salvador Illa reniega tajantemente del referéndum en la nueva campaña electoral en la que se ha sumergido otra vez Cataluña. Pero es una exigencia que estará en la mesa de negociación de la gobernabilidad de la Generalitat tras las elecciones autonómicas del 12 de mayo, y también es condición de la que dependerá el futuro de la legislatura nacional.

Aunque el PSC reniegue de la consulta pactada, mantra de ERC desde hace semanas, sin embargo en las conversaciones entre las partes se han puesto ya sobre la mesa varias fórmulas para satisfacer la demanda independentista, y en la diana está, por ejemplo, la ley orgánica de 1980 sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. «Una posible solución es reformarla o hacer una nueva», detallan fuentes cercanas al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Aunque Moncloa atribuye el ruido sobre el referéndum a la competencia entre Junts y ERC, y niega que sea una opción por desarrollar en el futuro para garantizar la estabilidad del Gobierno de Sánchez, lo cierto es que ya hace meses que los dos socios, en competencia, trabajan con expertos y juristas de su órbita para tener lista su propuesta de consulta si el candidato socialista pretende hacer efectiva en una investidura una posible victoria en las urnas.

La historia más reciente está ahí, y el PSC ya ha hecho varias aproximaciones a la consulta, referéndum o como se la quiera bautizar, que acabó, cierto es, corrigiendo ante el revuelo nacional y ante la división de la federación catalana que provocaron estas incursiones en el terreno soberanista -aunque con importantes diferencias siempre con respecto a lo que defienden ahora Junts o ERC.

Los socialistas catalanes abrazaron el derecho a decidir entre 2012 y 2015, y el exministro Iceta defendió en 2016 la vía canadiense, según recuerdan, con toda la intencionalidad, desde el entorno de Puigdemont. Son posicionamientos que el PSC trata de borrar ahora de la hemeroteca, coincidiendo con la maniobra de ERC para intentar tomarle la delantera a Junts con su propuesta de consulta pactada. Pero Puigdemont también golpeará en campaña con este tema, y si mide los tiempos es porque «dará el golpe más fuerte», según sostienen en su entorno.

El independentismo recuerda cómo el PSC abrazó el derecho a decidir entre 2012 y 2015

Aunque Illa rechace el referéndum por la independencia, y lo repita por activa y por pasiva, tanto en Junts como en ERC no se lo creen. Todavía recuerdan unas declaraciones suyas de diciembre de 2022 en las que afirmó que «no habrá autodeterminación, pero sí consulta a los catalanes». Aquellas manifestaciones ya despertaron recelos en las filas socialistas, y esos recelos siguen vivos dentro del PSOE, donde coinciden con los soberanistas en poner en cuarentena la negación de Moncloa de que no se avendrá a negociar la consulta.

De hecho, en esta nueva discusión sobre el referéndum, abierta por las necesidades de apoyo parlamentario a las que está sometido Pedro Sánchez, en la mesa de negociación salió incluso a relucir aquella propuesta de Iceta de que fuera el Congreso quien fijara la pregunta y el porcentaje mínimo de participación, por ejemplo. El referéndum está en la mesa de diálogo ya desde la pasada legislatura, aunque la intensidad del debate lo ha puesto ahora la fuerza que tienen los diputados de Puigdemont en el Congreso.

Desde el independentismo han tirado de hemeroteca, y avisan de que no hay que irse tan lejos para recordar cómo el PSC en las elecciones de 2012, las que Artur Mas convocó para lanzarse hacia el «procés», y bajo la dirección de Pere Navarro, incluyeron en el programa electoral su apuesta por el derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad, más o menos la vía escocesa que también defendía Artur Mas.

Entonces las relaciones entre el PSC y el PSOE se tensaron al máximo, hasta el punto de que en 2013, en un gesto excepcional hasta la fecha, los socialistas catalanes votaron distinto que el PSOE en una moción de CiU a favor del derecho a decidir. Aquel PSOE no tiene nada que ver con el que preside Pedro Sánchez, por evolución teórica, pero, sobre todo, por necesidades pragmáticas.

Desde el entorno de Puigdemont recuerdan que, aunque a partir de 2015 el PSC guardó en un cajón su alma soberanista, en 2016 Iceta defendió la vía canadiense como último recurso, si fracasaba la reforma constitucional que entonces propugnaban los socialistas. El Parlament había aprobado unos meses antes la declaración del inicio del «procés» hacia la secesión, que culminó el 27-O de 2017.

La parte del PSC más complaciente con la idea de la consulta recuerda también que según ha dicho el CEO (el CIS catalán), un poco más del 50 por ciento de los votantes del PSC estarían bastante o muy de acuerdo con un referéndum. Hasta ahora la discusión soberanista siempre ha fracturado al PSC: nadie ha olvidado el coste de incluir el derecho a decidir en el programa de las europeas de 2014.