Una Babel artificial, costosa y prescindible

Deducir que el uso de las distintas lenguas regionales en el Congreso es un ataque al castellano como idioma común de todos los españoles sería entrar en un juicio de intenciones, impropio en cualquier análisis político, de no ser por la dinámica en materia lingüística que han venido impulsando las distintas formaciones nacionalistas en las últimas décadas.

No es posible negar que, más allá de una labor de conservación y defensa de las lenguas regionales, especialmente del catalán, –labor, por cierto, que en un mundo ideal debería haber sido asumida con gusto por todos los españoles–, se ha buscado desde algunos poderes públicos relegar al español de la esfera oficial, esencialmente en la Enseñanza, tarea digna de mejor causa y a un coste astronómico si tenemos en cuenta que el uso social del castellano, respaldado por 491 millones de hablantes en todo el mundo, goza de una excelente salud y tiene todos los visos de convertirse en una de las tres lenguas francas que emplearán los habitantes de la tierra.

Desde este punto de vista, el del empleo del idioma con fines de estrategia política por parte de los nacionalismos, no es difícil entender el rechazo que ha suscitado en buena parte de la ciudadanía la decisión de la Mesa del Congreso que preside Francina Armengol, quien en su trayectoria al frente del gobierno autónomo balear se demostró muy proclive a la hora de levantar barreras idiomáticas en el ámbito de los servicios públicos. Sin embargo, desde un punto de vista institucional es, también, discutible esa postura de rechazo, puesto que se negaría el reconocimiento implícito de la españolidad del catalán, el vascuence o el gallego, idiomas que, en sí mismos, forman parte del patrimonio de toda la Nación.

Ahora bien, es evidente que la utilización en la Cámara Baja del resto de las lenguas cooficiales no sólo plantea problemas políticos e ideológicos, sino de orden práctico que rozan el esperpento. En primer lugar, sin entrar en lo dudoso del procedimiento parlamentario escogido por la mayoría social comunista de la Mesa, porque obliga a disponer de unos medios de traducción simultánea y, asimismo, de transcripción de documentos, desde las actas taquigráficas de las sesiones parlamentarias a los dictámenes de las distintas comisiones, pasando por la cartelería y las notas de comunicación interna, que retrasaran el ya premioso desempeño de sus señorías, amén de costar una fortuna en dinero público, del que España no anda nada sobrada.

O dicho de otra forma, para que algunos representantes de la soberanía nacional, es decir, de todos los españoles con independencia del partido por el que hayan sido elegidos, puedan reafirmar supuestas identidades propias o, supuestamente, menoscabar la unidad de la Nación se levanta una costosa, artificial y prescindible torre de Babel.