Los fabricantes de automóviles registraron el pasado año en España unas ganancias netas de 767 millones de euros, lo que supone reducir un 33% el resultado neto, frente a los 1.011 millones del ejercicio precedente y pese a haber tenido un incremento de la facturación del 15,8%, hasta alcanzar unos ingresos de 70.392 millones, frente a los 60.908 millones facturados un año antes. Unos datos que el sector achaca a las secuelas de la pandemia, los problemas en la cadena de suministros por culpa de la guerra de Ucrania, la crisis de los microchips y el incrementos de los costes energéticos y de las materias primas, factores que afectaron directamente a los números de producción y a la bajada de las matriculaciones de vehículos.

Por eso, la patronal de los fabricantes de automóviles asentados en España ha pedido al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo día 23 que diseñe una movilidad a la española como una de las herramientas para proteger a una industria que hoy supone el 10% del Producto Interior Bruto y está inmersa en un delicado momento en el que hay una guerra abierta por la captación de inversiones. La propuesta ha sido dada a conocer en la presentación de la Memoria 2022 de la actividad de fabricación de automóviles en España, en la que José López-Tafall, director general de Anfac presentó estos datos junto a los de empleo, que creció un 1% el pasado año, con una plantilla total dedicada a la fabricación de 62.341 trabajadores. El mantenimiento del empleo es, según López-Tafall, una "muestra evidente de la capacidad de resistencia de la industria española del automóvil en un momento delicado, marcado por los confinamientos de la pandemia y, posteriormente, por la crisis de suministros, las dificultades en el transporte, la guerra en Ucrania y la inflación".

También fue positiva en 2022 la balanza comercial del sector, con un saldo positivo de 16.457 euros, al tiempo que la inversión creció un 14,5%, con 1.709 millones destinados a la transformación industrial orientada hacia el vehículo electrificado y la movilidad sostenible, cuestiones que son, en este momento, "una prioridad para las marcas ubicadas en España". No obstante, el director general de Anfac recordó que “España no ha logrado cumplir en 2022 con las exigencias mínimas de electrificación para alcanzar los hitos anuales de reducción de emisiones", estimados por la patronal en 120.000 ventas de electrificados nuevos y un total de 45.000 puntos de recarga. "La electrificación y descarbonización están en el ADN del sector, pero lograrlo no depende solo del esfuerzo y liderazgo de las empresas, sino también del nivel de compromiso y de las herramientas que se dispongan desde el ámbito público y desde todo el ecosistema de la nueva movilidad de bajas y cero emisiones. Y ahora mismo, seguimos estando atrás".

En este contexto, la patronal reclama al Gobierno que se forme tras el 23-J "un conjunto de medidas contundentes y estables" para facilitar la recuperación de un mercado que necesita acelerar la venta de vehículos electrificados mejorando la renovación, así como desarrollar las infraestructuras de recarga de acceso público como una cuestión de estado. Es aquí donde se encuadra la propuesta de los fabricantes relativa a la necesidad de diseñar una movilidad a la española, "un modelo de movilidad que sea un proyecto de país, basado en la coherencia, que sirva para todo el territorio y que preserve la unidad de mercado, el progreso de los sectores y garantice la libre movilidad a los ciudadanos", proponen desde Anfac, que argumenta que la mayor parte del territorio no está en zonas de bajas emisiones, por lo que "la solución ha de pasar por el vehículo privado de bajas emisiones. Las necesidades de movilidad en Chipre o Luxemburgo no son homologables a las de España y es por eso que se ha de diseñar un modelo de movilidad a la española".

Los fabricantes también piden al nuevo gobierno consolidar y hacer crecer el papel de España como potencia industrial del automóvil, ya que "tenemos un sector que todo país quiere tener", incide López-Tafall, que insiste en que se ha de conseguir que el país cumpla sus compromisos medioambientales, al tiempo que afianzar el proyecto industrial para atraer más inversiones. Entre las peticiones al nuevo gobierno también están la necesidad urgente de establecer planes de ayudas eficiente en los que fluya el dinero con rapidez, un desarrollo efectivo y acelerado de las infraestructuras de recarga, sea de energía eléctrica o de hidrógeno, y una fiscalidad específica para fomentar la electrificación del parque. También reclaman una nueva Ley de Industria que dé prioridad a los sectores clave y atraíga nuevas inversiones en electrificación y descarbonización, la continuidad de los planes Perte, un mejor tratamiento fiscal a la innovación, crear un Moves para la red de recarga y un centro estatal que coordine los planes de ayudas e incentivos, "porque además del Moves nacional existes otros 34 planes para automóviles y vehículos industriales en las comunidades autónomas", critican los fabricantes.

Por otra parte, López-Tafall cree que se puede llegar a cumplir en 2035 la "muerte" de los motores de combustión, pero "siempre y cuando se cumplan las condiciones habilitantes, entre ellas la red de recarga, porque de lo contrario habrá que revisar los objetivos. No podemos ser los únicos obligados. No se dan cuenta del ritmo que se han impuesto", dijo en alusión a la decisión de Bruselas de prohibir la venta de automóviles de combustión a partir de 2035. Según el directivo, la situación del sector, en general, no es buena, y "necesitamos recuperar un mercado que debería estar en 1,2 millones de unidades matriculadas", frente a las 813.396 logradas en 2022. La patronal maneja una cifra en torno a 950.000 unidades este año, aunque en el primer semestre las cifras sitúan al mercado en una caída del 27% respecto al año pasado, lo que incide en el mercado de la electrificación.

En el documento presentado se recoge que a lo largo de 2022 la recaudación fiscal por tasas e impuestos del automóvil se situó en 39.177 millones de euros el año pasado, lo que representa un aumento del 13,2% respecto a los 34.148 millones de euros ingresados por las arcas públicas durante 2021. Los españoles pagaron 4.590 millones de euros en tasas e impuestos por la adquisición de vehículos nuevos durante 2022, un 7,8% más. De este total, 4.011 millones de euros correspondieron al pago de IVA, un 4,5% más, con 578,9 millones de euros abonados en concepto de impuesto de matriculación (38,4%). Por su parte, la recaudación pública por consumo de carburante se disparó un 18,4% el año pasado, hasta 24.248 millones de euros, al tiempo que los ayuntamientos ingresaron un 0,4% más en concepto de impuesto de circulación, con 2.972,9 millones de euros. La transferencia de vehículos usados generó a las arcas públicas un total de 580 millones de euros de ingresos a lo largo del pasado ejercicio, un 4,6% de incremento interanual.

La asociación automovilística considera que este 2023 es "un año clave" para impulsar las ventas del mercado total, la entrada del vehículo electrificado y asentar a España como hub de electromovilidad.

El Gobierno defiende la llegada del Peugeot 208

El ministro de Industria, Héctor Gómez, confía en la llegada a la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) de la producción de la versión eléctrica del Peugeot 208 frente a las presiones de Francia para conseguir que el modelo se fabrique en el país. Según han informado fuentes del ministerio, el contacto del Gobierno con fabricantes y grandes marcas es "constante" y para Gómez, es necesario trabajar con discreción para que este tipo de proyectos "lleguen a buen puerto. Confiamos plenamente en que la multinacional decidirá la mejor ubicación para el coche hermano Peugeot e-208", ha subrayado el ministro, quien ha defendido que la planta de Zaragoza, por sus resultados de calidad, eficiencia energética, productividad y clima social, es "la candidata más competitiva". Por tanto, confía en tener "las mejores noticias dentro de poco" y trasladarlas lo antes posible.