¿Por qué Sánchez pierde en la reforma del mercado eléctrico europeo?

Una vez más, la propuesta intervencionista del Gobierno de España ha sido rechazada por Europa. La posición del Consejo acordada en la reunión del 17 de octubre está alineada con la propuesta de la Comisión Europea que ya rechazó las pretensiones del Gobierno español.

La clave es que se mantiene el mercado marginalista, que ha demostrado ser la única manera de remunerar adecuadamente a las tecnologías y dar la señal de precio que incentiva las inversiones necesarias. No podemos olvidar que todos los mercados son marginalistas y que, al contrario de lo que dice Podemos, no se venden «sardinas a precio de langosta», sino que el precio de las sardinas (electricidad) refleja la necesidad de que estén disponibles todo el día a todas horas. Es decir, garantizar el suministro constante y el precio más adecuado.

Un factor importante de la decisión de este pasado 17 de octubre es que, al contrario de lo que pretendía el Gobierno de España, los contratos por diferencia deben tener carácter voluntario y evitar distorsiones.

Adicionalmente, reconoce el valor de los mercados a plazo y los acuerdos de previo para que los consumidores se cubran de la volatilidad. Recordemos que el Gobierno de España pretendía imponer obligatoriamente estos contratos a hidráulica y nuclear.

Lo único que ha podido rascar el Gobierno de España es la extensión del límite de precio a la nuclear a la hidráulica hasta el año 2024, si se acuerda con la Comisión y el Parlamento Europeo, pero solo temporalmente. No podemos olvidar que el límite en España es 67 euros/MWh y en Europa es de 180 euros/MWh, lo cual pone en enorme desventaja a las empresas españolas y desincentiva la inversión.

Rechazo a generalizar la excepción ibérica

Europa ha vuelto a rechazar la posibilidad de generalizar la equivocada «excepción ibérica». Un subterfugio que solo ha servido para esconder el precio real de la energía y cobrarlo en la factura por otro lado y enviar centenares de millones de euros a Francia y Portugal, incluso Marruecos, que se benefician de comprar la energía subvencionada española y arbitrar con ella.

Para un cliente medio en PVPC (4,1 kW de potencia contratada y unos 2.300 kWh/año) la mal llamada «excepción ibérica» solo supuso en 2022 una reducción de la factura de un 14%, y un ahorro de unos 67 euros, mientras que los consumidores domésticos con contrato fijo sufrieron un incremento del 41% en su factura, con un coste de unos 112 euros en 2022 por efecto del tope de gas.

La «excepción ibérica» ha dejado un ahorro imperceptible a los clientes regulados, un aumento considerable al resto de consumidores, un coste elevadísimo para el estado.

Maquillar el IPC

Más de 19 millones de españoles pagaron en 2022 un 41% más para que 11 millones pagasen solo un 14% menos y, mientras tanto, España envió millones de euros diarios a Francia, Marruecos y Portugal para que el Gobierno maquillase el dato de IPC durante unos meses.

El Gobierno de España se ha lanzado a afirmar que esta reforma va en el sentido de sus propuestas, pero es totalmente incorrecto: los contratos por diferencia (CFD) tienen carácter voluntario en todas las propuestas frente a precios regulados mediante CfDs obligatorios a instalaciones existentes (hidráulica y nuclear) que proponía el gobierno de España. Además, no se contemplan medidas retroactivas ni de intervención sobre el mercado de generación como exige Sumar.

Cabe recordar que en España todavía están vigentes medidas intervencionistas, alejadas de las medidas europeas y que sería necesario eliminar para no restar competitividad frente a otros países, desde el injustificado impuesto sobre ingresos (no sobre beneficios) aplicado a gas y petróleo, pero también a electricidad, y la minoración de ingresos obligatoria a hidráulica y nuclear que en España es mucho más agresiva que en Europa y está vigente hasta final de 2023 a pesar de que la Comisión Europea ha recomendado no extender estas medidas más allá de junio de 2023.

En definitiva, la posición del Consejo, la de la Comisión y el Parlamento europeo están muy alejadas de la propuesta española inicial y rechaza de plano la intervención en el mercado propuesta por Sumar.

Si algo necesita el mercado eléctrico es más liberalización y menos intervención, menos impuestos encadenados y más inversión productiva. Con las medidas retrógradas y dañinas que ha presentado el Gobierno de España se está entorpeciendo la inversión y además se perjudica a los consumidores. La planificación central nunca funciona, solo perpetúa la burocracia.