Los problemas financieros disparan la morosidad empresarial: el 64% de las compañías reconoce haber tenido algún impago en el último año

La morosidad empresarial gana terreno, un indicativo de que la economía española no está tan recuperada como se quiere hacer pensar. En concreto, el 64% de los empresarios ha reconocido haber tenido algún impago en los últimos doce meses, lo que significa un 17% más de empresarios morosos que en 2022 y un 32% más que en 2021, según la última encuesta realizada por Informa D&B. Este estudio, realizado para la décima edición del libro 'Análisis del comportamiento de pago empresarial', revela que este porcentaje supera con creces al 53% de 2022 y al 43% de 2021.

Los problemas financieros son la causa principal de estos impagos a proveedores y empresas, al igual que ocurrió hace un año. De hecho y según la encuesta, un 39% de los empresarios consultados ha indicado que los problemas financieros les impidió cumplir con los plazos de pago -frente al 37% de 2022-, en tanto que un 33% ha considerado que los problemas administrativos fueron el mayor causante de estos retrasos y un 15% lo ha achacado a unas demoras intencionadas.

En el 95% de los casos de impago, el importe sin cobrar no supera el 5% de la facturación de las empresas, con un periodo medio para ejecutar los cobros en estos últimos meses de 95,12 días, 1,36 días menos que hace un año.

El informe detalla que en 2022 se recortaron tanto el plazo medio pactado para abonar las facturas como el periodo medio de pago efectivo. Así, el compromiso de pago fue de 80,58 días (0,68 días menos que el año anterior) y el retraso medio se situó en 14,53 días, 0,69 días menos que a finales de 2021. El retraso medio español había superado siempre al europeo hasta 2016 para volver a igualarse en 2018 y estar por encima desde entonces. Al cierre de 2022 es 2 días más elevado que la media europea, que se queda en 12,49 días.

Los pagos puntuales sí mantuvieron una tendencia al alza, con un 44,4% del total a cierre del ejercicio, y los pagos a más de 60 días bajaron hasta el 5,7%. A finales de 2022, un 57% de las empresas tuvo un riesgo alto o medio de pagar a más de 90 días yun 56% de ellas sufrió algún tipo de impago.

El importe total de las facturas analizadas alcanzó los 17.704 millones de euros a finales de 2022 y los retrasos en los pagos supusieron un coste de 2.562 millones de euros para el conjunto del tejido empresarial español.

Sanciones para que se cumplan los plazos de pago

El estudio destaca que el número de empresarios que aplica intereses de demora sube ligeramente, del 23% al 24% y avanza hasta el 45% el porcentaje de encuestados que cree que la aplicación de un régimen sancionador ayudaría a mejorar el cumplimiento de los plazos de pago, como la medida que más favorecería un cambio de comportamiento.

A esta le sigue de lejos, con un 13,5%, el obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago. Otras soluciones que se apuntan, aunque con menor fuerza, son la formación a empresarios en gestión de cobros, los códigos de conducta sectoriales, más préstamos, mejorar las ayudas o servicios de mediación.

Administración, el sector con un mayor retraso medio en los pagos y microempresas, las más puntuales

Hostelería había terminado el 2021 como el sector con peor comportamiento por su retraso medio en los pagos, pero al cierre de 2022, sus 23,39 días de demora se ven superados por los 28,45 que alcanza la Administración.

En cuanto al tipo de empresa, en diciembre de 2022 las micro y pequeñas empresas pagaban con mayor puntualidad que las medianas y grandes, el 51% y el 44% de las primeras frente al 28% y 13% de las segundas.

Navarra y Aragón superan el 50% de pagos en plazo

España mantiene una dicotomía en el comportamiento de pago de las empresas entre norte y sur, con una diferencia de 13,03 días en el retraso medio entre la comunidad que mejor paga, Navarra con 9,22 días de demora, y la que peor, Melilla con 22,26. Esta diferencia era bastante superior, de más de 24 días, a finales de 2021.

Tan solo dos comunidades pagan más del 50% de sus facturas en plazo al acabar el año, Navarra, con el 52,15%, y Aragón con el 51,29%.