Los inspectores de Hacienda claman contra la filtración fiscal sobre la pareja de Ayuso: "Es gravísima"

Alto y claro: «Si hay datos que se hacen públicos por los políticos antes de que sean públicos se incumple el artículo 95 de la Ley General Tributaria que defiende el carácter reservado de los datos personales con trascendencia tributaria. Por tanto, hay que garantizar y confirmar que esa información no ha salido de la Agencia Tributaria porque sería gravísimo". Así se ha expresado la presidenta de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, que ha cargado con dureza contra las filtraciones de datos fiscales de un contribuyente antes de que sean públicos y ha exigido que se aclare si esas informaciones "han salido o no" de la Agencia Tributaria.

Aunque no ha citado expresamente el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sus palabras han tomado una enorme eco al producirse en plena polémica tras el desliz de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que desveló ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados información del expediente tributario de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo hizo aduciendo que se había enterado por la Prensa de que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la hacienda pública» y con «comisiones de las mascarillas», pero cuatro horas antes de que se publicara esa información, lo que apunta a que podría tener información privilegiada y haber vulnerado el principio de confidencialidad

El citado artículo 95 recoge que todos los "datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado" y sólo podrán ser utilizados para "la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros".

Esta reclamación la ha hecho De la Herrán durante la presentación del manifiesto conjunto de varias asociaciones de altos funcionarios del Estado, redactado por más de 5.500 juristas en defensa del Estado de Derecho y en rechazo de la ley de amnistía, bajo el título "Sin Estado de derecho no hay democracia", impulsado por la Asociación de Fiscales, Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Asociación de Abogados del Estado, Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

La polémica, que ha ido "in crescendo" con el paso de las horas, ha obligado a Montero a negar ante los periodistas en la primera oportunidad que ha tenido que haya filtrado informaciones sobre las investigaciones del novio de la presidenta madrileña, a quien le ha vuelto a reclamar que dé "explicaciones" y asuma responsabilidades en lugar de "echar balones fuera", después de que Ayuso la acusara de desvelar "por los pasillos" del Senado los "datos personales" de su pareja, "que ni siquiera el propio afectado conocía", en relación a las investigaciones que se publicaron después sobre las comisiones que cobró presuntamente su pareja durante la pandemia. La titular de Hacienda también ha defendido "de forma contundente" a la Agencia Tributaria, que hace "un trabajo riguroso, independiente" y que está "permanentemente combatiendo el fraude fiscal y comportamientos que se alejan de la norma".

Para el PP, la filtración de Montero apunta a "acciones delictivas al revelar secretos de particulares". El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, ha apuntado que estas "filtraciones", utilizando "recursos del Estado", van dirigidas a "tapar los casos de escándalos" del Gobierno. Pache ha incidido en que la Agencia Tributaria tiene entre sus obligaciones "mantener en secreto" la relación con los particulares, y su incumplimiento "está tipificado en el código penal" como delito en lo que se refiere a funcionarios o autoridades que "revelen" esa información.