Las patronales de VTC reclaman a la Comisión Europea que frene una regulación discriminatoria en beneficio del taxi

Las patronales Feneval VTC y Unauto VTC recurren a Europa para frenar una nueva regulación de las licencias de VTC después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarase ilegal la ratio española de un VTC por cada 30 taxi y estableciese que la solicitud de una segunda licencia sólo se podría efectuar en base al interés general y bajo criterios no discriminatorios. Ambas patronales han enviado una carta conjunta a la comisaria europea de Transportes, Adina Vălean, para trasladarle su preocupación sobre la implementación de un decreto-ley que mitigue los efectos de sentencia en beneficio del taxi.

El TJUE indica en su falloque limitar el número de licencias de VTC en base a una proporción de taxis, es decir, con la actual ratio de una licencia de VTC por cada 30 taxis, constituye una restricción injustificada, desproporcionada y discriminatoria que vulnera la libertad de establecimiento prevista en el art. 49 TFUE. Asimismo, el tribunal dictaminó que la exigencia de una segunda licencia urbana, además de la nacional, supone también una restricción a la libertad de establecimiento, pues restringe el acceso al mercado, aunque puede aplicarse cuando una razón imperiosa de interés general lo justifique. Además, los magistrados de Luxemburgo fueron más allá y sentenciaron que "proteger los intereses económicos de la industria del taxi, preservar un supuesto equilibrio entre taxis y VTC, o garantizar la viabilidad económica de los taxis, no constituyen una razón imperiosa de interés general que justifique una restricción a la libertad de establecimiento de los VTC", exponen las patronales en su carta, en base a la sentencia del TJUE.

Por ello, Feneval VTC y Unauto VTC recuerdan que, en base a esta sentencia, cualquier regulación que imponga restricciones a los VTC debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, y no discriminación y coherencia. "A nuestro juicio, no cabe duda de que este último principio de no discriminación implica que cualquierlas restricciones, por ejemplo, basadas en razones de interés general que pudieran llegar a demostrarse, como la protección del medioambiente o la gestión del tráfico, no podrían aplicarse de manera asimétrica a los VTC y los taxis", añaden en su misiva.

Para paliar los efectos de esta sentencia, emitida el pasado 8 de junio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) estaría preparando un decreto-ley para incorporar a la legislación española nuevas condiciones para obtener licencias de VTC en base a motivos medioambientales o de tráfico. Este decreto-ley, "conforme a la Constitución Española, no podría ser impugnado ante los tribunales directamente por particulares, empresas, ni siquiera por las Autoridades de Competencia, dejando así al sector VTC en una clara situación de indefensión", señalan las patronales en su carta.

"Entendemos por lo que han informado los medios que tal ley tendría como objetivo mitigar los efectos de la sentencia del TJUE, ya sea directamente, o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan, lo cual es muy preocupante para nuestra industria considerando que, en el pasado, la presión de los taxis siempre ha precedido a restricciones desproporcionadas e ilegales a la actividad de los VTC", añaden.

"No sólo nos parece indignante que el Gobierno pueda aprobar una regulación urgente para eludir al Tribunal, sino también el hecho de que se esté llevando a cabo la negociación para imponer nuevas restricciones a los VTC exclusivamente con las asociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones nacionales (23 de julio), sin siquiera escuchar a los representantes de las VTC, lo cual resulta francamente incomprensible. Ello demuestra claramente el objetivo real de esta nueva regulación: proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de los VTC", denuncian Feneval y Unauto.

Las patronales de VTC señalan que "en los últimos años, tanto la regulación nacional, así como la de algunas comunidades autónomas y municipios, de los VTC han generado unas reglas de juego desiguales y unas condiciones operativas desproporcionadas para nuestro sector, con el único propósito de proteger a la industria del taxi de la competencia". "A la luz de la sentencia del TJUE, entendemos que estas restricciones, que no se aplican a los taxis, constituyen una violación de nuestras libertades de circulación", añaden. Feneval y Unauto ponen de ejemplo la prohibición de que los VTC sigan operando servicios urbanos a partir de octubre de 2022 impuesta por el Real Decreto-Ley 13/2018, los tiempos mínimos de pre-contratación obligatorios, la prohibición de geolocalización, los requisitos de longitud mínima para los vehículos, un registro electrónico propiedad del Gobierno al que se deben comunicar todas las hojas de ruta de los VTC antes de que comience cada viaje, y algunas formas de obligaciones de retorno a la base. En su opinión, todas estas condiciones deben ser derogadas porque "infringen" los mandatos de la sentencia del TJUE, son "innecesarias", "desproporcionadas", "incoherentes" y "discriminatorias", porque sólo se aplican a los VTC, y no a los taxis.

Por todas las razones anteriores, Feneval VTC y Unauto VTC instan a la Comisión Europea a enviar una comunicación urgente a las autoridades españolas, ante la posibilidad de que emitan una nueva regulación en pocos días, para recordarles que:

1. La regulación que se imponga a los VTC debe ser: fundamentada en demostradas razones imperiosas de interés general y que, conforme a la legislación europea, está prohibido imponer restricciones a los VTC en caso de que su propósito sea proteger los intereses económicos de los taxis o abordar un supuesto equilibrio entre taxis y VTC; proporcionada, y no discriminatoria y coherente, advirtiéndoles específicamente de que debe aplicarse por igual a VTC y taxis.

2. En consonancia con la comunicación de la Comisión sobre el buen funcionamiento y el transporte sostenible de pasajeros bajo demanda de 2022, la sentencia del TJUE, así como resoluciones recientes de varios tribunales españoles, las autoridades españolas deben eliminar las restricciones existentes que son contrarias al Derecho Europeo, como las mencionadas anteriormente, pues son discriminatorias e impiden la competencia para beneficiar económicamente a la industria del taxi.

3. La Comisión podría abrir un procedimiento de infracción contra España, si las autoridades españolas persisten en este tipo de restricciones contrarias a la legislación de la UE.