La oligarquía peligrosa no es la de Trump sino la europea

Dejen de preocuparse por la administración Trump. Si les preocupa la oligarquía y los aranceles, no tienen que ir tan lejos. El verdadero arancel que sufren las empresas españolas y europeas es la burocracia y la asfixia regulatoria y fiscal. La oligarquía peligrosa es la Comisión Europea.

Sánchez es el mayor arancel que sufre la economía española. Siete de cada diez empresarios consideran que la excesiva carga regulatoria es uno de los factores que más está afectando a los niveles de inversión, que de hecho llegaron a finales de 2024 por debajo de las cotas alcanzadas en 2019. El informe del Instituto Juan de Mariana «Asfixia empresarial sobre la sobrerregulación y la burocracia en España» es demoledor.

El coste de los obstáculos políticos para que las empresas puedan operar en la UE asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros por hogar.

España se encuentra a la cola en los indicadores referidos a la calidad regulatoria en la UE y la OCDE. Mucha regulación y mala, exceso de normas, trabas ridículas y un coste enorme por litigios.

Una de las conclusiones más importantes es el desastre de la regulación mal llamada «verde». 9.489 regulaciones aprobadas de 2000 a 2022. Seis en España por cada norma en Francia, que no es ningún ejemplo de simplicidad burocrática o de desregulación. La evidencia muestra que una mayor carga regulatoria conduce a peores resultados en la protección del medio ambiente, como se ha visto con los desastres de gestión de infraestructuras y normas lesivas que luego empeoran las consecuencias de las catástrofes naturales.

Entre 1996 y 2022 se han aprobado 22.337 regulaciones de igualdad de género. Sin embargo, los burócratas siempre piensan que, si una regulación no funciona, hay que crear otra.

Cargas impositivas

Otro elemento asfixiante es el de las cargas impositivas y la necesidad de dedicar cada vez más recursos a cumplirlas, además del expolio fiscal. Las obligaciones tributarias incluyen más de 200 modelos y las obligaciones de información son cada vez más extensas y con distintos calendarios.

A mí lo que me aterra es que la nueva Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad eleva de 80 a 1.125 los requerimientos de información a las empresas, que la nueva Ley de Consumo Sostenible quiere imponer un régimen de multas oneroso, con sanciones de 100.000 euros a quienes se desvíen de unas pautas de comunicación recogidas en una guía de 60 folios y, como guinda, el llamado Gran Hermano Turístico que obliga a solicitar hasta dieciocho nuevos datos de los clientes de hoteles.

España está a la cola en la evolución del ranking de calidad regulatoria del Banco Mundial entre 2018 y 2022 y queda en un triste puesto 97 en el último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios.

Lo vergonzoso es que los burócratas reconocen que el exceso de burocracia lastra a la economía, pero siguen creando normas sin control. La brújula de la competitividad de la Comisión es un ejemplo claro. Habla de exceso de regulación, pero no especifica qué eliminar ni cómo.

Europa estaría mejor si los políticos vieran a las empresas como lo que son en su mayoría: responsables y competentes. Sin embargo, se están cargando a la gallina de los huevos de oro que les da de comer. La burocracia nos asfixia y en España sigue con la mentira del cohete. Tenemos casi 50.000 empresas menos cotizando que cuando llegó Sánchez a la Moncloa.