Los socialistas se han comprometido a levantar las barreras de las autopistas cuyas concesiones vayan venciendo. La medida costará al Estado 450 millones.

Uno de los efectos inmediatos que tendrá la victoria del PSOE en las elecciones generales del pasado 28 de abril es que de aquí a 2021 habrá menos autopistas de peaje. Los socialistas se comprometieron a suprimir el pago en aquellas vías de gran capacidad cuyas concesiones vencen en los próximos años. Ya lo hicieron con una, la AP-1, que quedó libre el pasado 30 de noviembre. Las dos siguientes serán la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, cuyos contratos vencen el próximo 31 de diciembre. En agosto de 2021 finalizan los contratos del tramo de la AP-7 entre Montmeló y El Papiol, del que une Zaragoza con el Mediterráneo y de la AP-2 entre Tarragona y La Junquera.

El argumento que ofreció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para justificar la decisión es que hasta que se decida qué modelo se quiere implantar en las vía de gran capacidad españolas, lo razonable es que el Estado vuelva a recuperar su gestión -la titularidad es suya-. Y es que Ábalos, antes de las elecciones, planteó públicamente al resto de partidos la creación de una comisión en el seno del Congreso de los Diputados para decidir entre todos los grupos cómo afrontar los costes de conservación de la red, si con peajes generalizados o vía presupuestos.

Aunque Ábalos no ha declarado abiertamente que la opción de los socialistas pase por el pago por uso de las autopistas, sí que ha argumentado en su favor. Haciendo suyo parte del argumentario de la patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopan, en favor de los peajes, el ministro ha recordado en alguna ocasión que por el uso de los puertos, aeropuertos y las vías ferroviarias se pagan distintas tasas o cánones. También ha tirado de los argumentos de esta organización al asegurar que ni los turistas ni los camiones que vienen del extranjero contribuyen al mantenimiento de las vías de alta capacidad gratuitas a pesar del evidente desgaste que ocasionan. Un coste que sí pagan los españoles que viajan a Francia o Portugal, donde las vías de gran capacidad son de pago, le ha faltado añadir al ministro de Fomento. En el sector aseguran que los socialistas siempre han sido más receptivos a la implantación de los peajes que otros partidos como el PP.

Justo antes de las elecciones, el ministro también lanzó la idea de destinar parte del dinero que se recaude con el pago por el uso de las autopistas para sufragar servicios públicos como las pensiones.

Hasta que se aclare el modelo, las vías serán tuteladas por el Estado, que tendrá que asumir sus costes de conservación y de la reversión fiscal por los ingresos que se dejará de obtener. Seopan calcula que ascienden a unos 450 millones de euros anuales que tendrán que ser sufragados por las arcas públicas.