Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la operación ‘Pandora’, con actuaciones en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación ‘Pandora’, con actuaciones en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora. Como resultado, se ha destapado un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social cuantificado en torno a los 27.503.000 euros.

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2017, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social y sus diferentes organismos remitieron distintos escritos-denuncia a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional.

Durante la operación se han revisado y analizado 22 expedientes que afectaban a diecisiete provincias de once comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -que eran algunos trabajadores que figuraban en connivencia- y familiares de los primeros.

En la mayoría de los casos se han realizado informes patrimoniales de las personas implicadas para que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere pertinente o, en su caso, que el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades generadas.

Diversas formas de defraudación

Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, es habitual entre las defraudadoras poner en práctica las siguientes conductas:

- Creación de entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil, según convenga, transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora así como los elementos patrimoniales a la no deudora con el fin de continuar la actividad de manera normal.

- La ocultación de bienes, normalmente a través de sucesivas transmisiones en la titularidad que pasan de una empresa a otra, o bien a familiares o personas de confianza de la trama, con el fin de entorpecer la labor recaudatoria de los diferentes Organismos de la TGSS.

- Rotura de precintos de bienes embargados.

- Denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados.

- Desaparición “fortuita” de esos bienes embargados.

- Venta en negro de los bienes embargados a terceros de buena fe.

- La falsificación de certificados de estar al corriente de la obligaciones con la Seguridad Social de empresas con el fin de figurar limpias de deuda ante terceras y poder continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones, así como para acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la cuota de autónomos o en las cotizaciones de trabajadores.

El caso de Maspalomas (Las Palmas)

Uno de los casos más característicos fue aquel por el que la Policía Nacional, a través de una serie de investigaciones policiales realizadas en Maspalomas (Las Palmas), comprobó cómo dos ciudadanos españoles suplantaron la personalidad de administradores y representados de dos empresas con actividad real y sede en la isla de Gran Canaria. Se atribuyeron los poderes con los que no contaban y, de esta forma, obtuvieron autorizaciones en Red, Contrat@ y Certific@ para así poder tramitar el alta de trabajadores de manera ilícita y quedar indemnes en el caso de que fuera detectada tal simulación.

Los legítimos representantes de estas empresas, las cuales se dedicaban a la asesoría online y al asesoramiento técnico de arquitectura e ingeniería, y sus administradores de derecho no fueron realmente quienes realizaron y materializaron la trama fraudulenta ni quienes convinieron la simulación laboral con los supuestos trabajadores. Ha quedado probado que ha existido un concierto de voluntades para la simulación de la relación laboral entre los dos supuestos empresarios, quienes realizaban las gestiones de alta en el sistema de la Seguridad Social mediante precio acordado previamente con los trabajadores ficticios. El único fin de éstos era la obtención de beneficios económicos y sociales.

Los supuestos trabajadores se lucraron económicamente de forma directa o indirecta y se ha podido acreditar que obtuvieron indebidamente prestaciones por desempleo, periodos de cotización no basados en actividad laboral real y acceso indebido al Sistema Sanitario Público. Con todo esto consumaron un importante quebranto económico.

Se ha detenido a nueve personas por la comisión de varios delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social y se ha investigado por los mismos hechos a otras 11 personas que no se encontraban en nuestro país, de las cuales se ha dado cuenta al Juzgado correspondiente.

Se ha solicitado la cuantificación del fraude a los servicios de salud canario, ya que algunas de estas “altas ficticias” lo fueron con el objeto de evitar la obligación de contratación de seguro médico obligatorio en extranjeros.

Investigación en Huelva

El segundo de los casos más llamativos corresponde a la investigación realizada por la Policía Nacional en la provincia de Huelva a una sociedad limitada unipersonal dedicada al sector pesquero. Fue constituida en 1999 para la explotación de buques de pesca. Desde el año 2012, se convirtió en deudora sistemática a la Seguridad Social al no pagar las cotizaciones de sus marineros.

En el año 2014, los dueños originales simularon la venta de la compañía a una persona insolvente ante notario, poniendo a salvo con esta maniobra la propiedad y domicilio familiar a su nombre en la localidad onubense de Lepe. Con posterioridad a este primer testaferro, se colocó al frente a un segundo de características similares que el anterior: sin conocimiento alguno del sector pesquero, carencia de vida laboral en general, con antecedentes policiales y con vinculación con centros sociales, atención a toxicómanos y entradas y salidas de prisión.

El verdadero dueño de la compra del barco en 2014 resultó ser el líder de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas, por lo que le fue fácil colocar al frente de la misma a personas insolventes y toxicómanos que actuarían como testaferros. Estos últimos propietarios mantuvieron la actividad real en el buque, contratando a pescadores para que ejerciesen una actividad normal que no levantase sospechas y poder ocultar, con esta actividad, la introducción de importantes cantidades de hachís y cocaína en el territorio español.

La deuda con la TGSS vigente y exigible supone un importe total de 128.351,32 euros. Se realizaron imputaciones por delito contra la Seguridad Social a los dos dueños y responsables de la sociedad pesquera investigada desde su constitución hasta mediados de 2014. En ese periodo se generó gran parte de la deuda imputada. También se imputó a los dos verdaderos adquirientes y responsables de la sociedad, que habrían aceptado hacerse cargo de las deudas de la misma y, pese a ello, las deudas fueron aumentando conscientemente. Y por último, también a los dos testaferros insolventes colocados por estos últimos adquirentes de la sociedad, que habrían ocupado cargos en dicha sociedad a cambio de una cuantía económica dada su necesidad con/para las drogas, siendo estos últimos conscientes de no tener relación alguna en la compañía.

Esta operación da continuación a una investigación explotada en diciembre de 2016, en la que se detuvo a una de estas mismas personas que tenían relación con el narcotráfico por delitos de usurpación de estado civil y contra la Seguridad Social, al haber acumulado una deuda de 187.167,65 euros en una empresa del sector de la hostelería. Además, se colaboró con la policía belga para conseguir que su operación contra el narcotráfico de hachís llegara a buen puerto, lográndose el arresto de los implicados y la incautación de una importante cantidad de droga.

Fraude en Zamora

Un tercer caso notable se produjo en la provincia de Zamora. La Policía Nacional desarticuló un grupo criminal al que se le imputó un delito contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y el propio de grupo organizado en relación con las maniobras llevadas a cabo sobre un grupo empresarial que sistemáticamente eludía el pago de seguros sociales a la Seguridad Social.

Todas las sociedades investigadas estaban encuadradas en el sector de la madera y/o la silvicultura, desarrollándola en el mismo local. Para ello utilizaban indistintamente los mismos proveedores, los mismos trabajadores que intercambiaban entre empresas, la misma materia prima, la misma maquinaria, etc.

Llama la atención que uno de los administradores únicos detenidos ha defraudado durante 37 años un total de 1.026.153,47 euros a la Tesorería General. Entre los años 1995 y 2018 (23 años), no abonó las deudas generadas con la Seguridad Social por su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ni las deudas generadas desde el año 2001 hasta el 2014 (14 años) por la razón social a su nombre. Esta persona ya fue detenida en el año 2006 por un delito de insolvencia punible cuando formaba parte de un grupo de empresas dedicadas a la hostelería.

A partir del año 2007, los tres administradores se unieron para crear un grupo criminal organizado dedicado a defraudar a la Seguridad Social, para lo que crearon una serie de empresas dedicadas al tratamiento de la madera, aserradero y servicios de apoyo a la silvicultura.

Así, el líder del grupo sería el encargado de conseguir los proveedores y los clientes mientras que otro, titular de la asesoría autorizada RED, se encargaba de la parte administrativa. Un tercero puso a disposición del grupo la nave en la que desarrolló la actividad, encargándose además de controlar a los trabajadores y de supervisar el buen desarrollo de la actividad laboral llevada a cabo por los trabajos en la cadena de montaje.

El grupo empresarial y el resto de empresas investigadas han mantenido durante el tiempo de actividad un total de 349 trabajadores, detectándose un fraude a la Seguridad Social por importe de 3.176.139,51 euros.

Irregularidades en Alicante

El cuarto caso destacable se corresponde a una investigación de irregularidades detectadas en Alicante. Se trata de la falsificación de varios formularios oficiales presentados para la obtención de prestaciones familiares en virtud de un Convenio Internacional entre España y el Reino de Marruecos en materia de Seguridad Social. El objeto era el pago de una prestación económica dirigida a sufragar la manutención en Marruecos de los hijos a cargo de trabajadores marroquíes desplazados en España y ocupados de forma legal. Gracias a ello, pudo descubrirse que tres ciudadanos marroquíes habían podido conseguir un formulario EM-14 (obtención de prestaciones familiares) en blanco con los sellos válidos requeridos de la institución marroquí. Se dedicaban a fotocopiarlos a color y a rellenar los campos en blanco con los datos precisos para que puedan acceder indebidamente a la prestación tras presentarlos ante la Seguridad Social.

Por tales hechos y a la vista de los indicios existentes, se ha procedido a la detención de los tres principales autores de los hechos como presuntos autores de delitos de falsedad documental, estafa y fraude de prestaciones.