El Estado despilfarra 4.900 millones en ayudas a la industria

Cada puesto de trabajo creado cuesta 25.000 euros al año, cinco veces más que el subsidio por desempleo máximo

Las ayudas a la industria son inútiles. Los préstamos directos que realiza el Ministerio de Industria a las empresas del sector “no mejoran la competitividad”, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El mínimo impacto del programa de Reindustrialización y Competitividad Industria (RCI) y su elevado coste llevan al organismo presidido por José Luis Escrivá a recomendar que no se sigan otorgando estas ayudas, según explica en su sexto informe del proceso de revisión de gasto, denominado “Spending Review”. Los 4.900 millones de euros que se repartieron entre 2008 y 2016 apenas mejoraron el empleo y la inversión de las compañías beneficiadas en un periodo a corto plazo. Estos ligeros efectos positivos se contrarrestan a los 5 años, de tal forma que no existen diferencias en comparación con las empresas similares que no obtuvieron.

Al ligero impacto en el empleo se le suma el elevadísimo coste por cada puesto de trabajo creado, entre 24.000 y 25.000 euros, que multiplica casi por cinco el subsidio por desempleo máximo. Además, por cada euro invertido, la Administración tiene un coste de 55 céntimos. Si se realizara una estimación más prudente, acortando el análisis al periodo 2008-2014, el coste por cada puesto de trabajo se dispararía hasta los 35.000 euros.

El coste es muy elevado, principalmente derivado por los años de la crisis. Aunque las mejoras de gestión entre 2012 y 2016 han contribuido a la reducción de las pérdidas en los últimos años, el programa ha podido costar a las arcas públicas más de 1.200 millones de euros. El Estado, además, ha tenido que hacer frente a una alta tasa de morosidad (23%) que se traducen en unas pérdidas de 670 millones de euros. De ese porcentaje de impagos, el Ministerio de Industria apenas le transmite un 4% a Hacienda. De ellos, sólo se consigue recuperar la mitad.

La Autoridad Fiscal pone en evidencia la dificultad en el acceso a los préstamos. Menos de un tercio de las empresas que participan en el programa tuvieron un conocimiento del mismo a través de un medio público, por lo que considera que la difusión de las ayudas es insuficiente. También señala la alta dependencia de asesores externos en el proceso de solicitud, ya que un 64% se realizan con la ayuda de intermediarios.

Este sistema es el único en el mundo y no se traslada el resto de los países por sus grandes ineficiencias. Según la institución, los procesos de publicación y solicitud son “complejos”, la evaluación es “poco flexible”, el proceso de justificación es “lento y el seguimiento, competencia de Hacienda, esta “descoordinado”.