La Inspección de Trabajo multa con más de 20 millones a las empresas por no controlar las horas de trabajo de sus empleados

La jornada laboral de 37,5 horas semanales pronto será una realidad para los millones de personas que trabajan en España. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente este anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno, y los trabajadores podrán ver reducidas sus jornadas de trabajo antes de que finalice este año 2025. Para Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, “no se trata de una norma más, es un proyecto de país que hace que la vida real cambie”.

Esta reducción de la duración máxima de la jornada laboral no sólo ayudará a mejorar la situación laboral de millones de empleados en España, sino que también afectará directamente al control que las empresas deberán ejercer sobre sus trabajadores a partir de que esta nueva ley entre en vigor. Desde el Ministerio de Trabajo destacan que, “la eficacia de la reducción de la jornada máxima legal requiere de medidas complementarias como la regulación precisa del registro de jornada”.

Este registro horario deberá contar con los requisitos de objetividad, fiabilidad y accesibilidad exigidos por esta nueva ley. En los casos en los que las empresas no cumplan con estos nuevos requisitos, podrían enfrentarse a importantes sanciones económicas. Sólo durante el año pasado, las multas impuestas por la Inspección de Trabajo se incrementaron en un 9% por este motivo: consiguieron recaudar hasta 20 millones de euros por infracciones debidas al registro del tiempo de trabajo.

Las empresas españolas asumen multas millonarias por el control de registro horario

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social sancionó con más de 20 millones de euros en multas a las empresas españolas durante el año 2024, debido a las infracciones cometidas por éstas ultimas a la hora de llevar a cabo el registro de jornada de sus trabajadores. Las multas pueden deberse tanto al control de registro como al tiempo de trabajo y a las horas extraordinarias. Según los datos oficiales, casi 3 millones de euros se debieron al mencionado control de registro de jornada, mientras que más de 17 millones corresponden a las horas extra y al tiempo de trabajo.

La cuantía de estas sanciones supone un incremento de casi el 9% respecto a las cifras del año anterior, por lo que los empresarios deberán prestar atención a los mismos si quieren evitar estas sanciones tras la nueva reducción de la jornada laboral. Según los datos recogidos por Europa Press, las empresas españolas cometieron el pasado año un total de 1.869 infracciones en el control de registro de jornada, afectando a un total de 21.649 trabajadores en nuestro país. El número de infracciones cometidas por tiempo de trabajo y horas extra fue de 13.681, lo que afectó en 2024 a más de 147.800 trabajadores en España.

El triple de sanciones que en 2019: este año podrán alcanzar los 10.000 euros

Los datos aportados por Inspección de Trabajo y Seguridad Social muestran que las cuantías de estas sanciones se han triplicado desde 2019, año en el que entró el vigor el registro horario obligatorio para las empresas. Durante el primer año, las sanciones totales fueron de 6,88 millones de euros, y afectaron únicamente a unas 90.000 personas en nuestro país. El gran incremento de infracciones y sus consecuentes sanciones durante los últimos años, han llevado al Ministerio de Trabajo a incidir en la importancia que tiene para las empresas cumplir correctamente con estos registros horarios.

El control del tiempo de trabajo es “uno de los objetivos prioritarios” de la mencionada Inspección de Trabajo, por lo que desde el Ministerio de Trabajo han destacado que “el incumplimiento del horario o la existencia de horas extra no retribuidas ni compensadas por descanso”, tendrá consecuencias este año tanto en materia legal como de la Seguridad Social. El nuevo anteproyecto de ley aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros incorporará también un nuevo registro horario digital, e incrementará las sanciones impuestas. Este será de carácter obligatorio para todas las empresas, que podrían llegar a hacer frente a multas de hasta 10.000 euros en caso de incumplimiento.