«Estamos todavía escuchando a los expertos y abiertos a todas las sugerencias», afirma el ministro. El Estado ha rescatado a las regiones con 217.058 millones desde 2012

Desde 2012, el Estado ha estado prestando asistencia financiera para mejorar la situación de las cuentas de las comunidades autónomas a través de distintos mecanismos, fundamentalmente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La mayor parte de las regiones ha disfrutado en estos seis años de esta línea de financiación, consistente en créditos a muy bajo tipo de interés con los que han seguido financiado sus servicios, pagando a sus proveedores y afrontando sus vencimientos de deuda. En concreto, el Estado ha inyectado mediante esta fórmula más de 124.000 millones de euros en las arcas de las comunidades autónomas. Sin embargo, si sumamos el resto de los mecanismos de liquidez aportados por el Estado, la inyección en las regiones asciende a 217.058 millones de euros.

Aunque esta ayuda ha permitido que la maquinaria de las comunidades siguiese girando durante la crisis, varias regiones han pedido al Gobierno que perdone las deudas contraídas a través del FLA, es decir, lo que se conoce en el argot financiero como una quita. Posibilidad que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha descartado, a juzgar por las declaraciones de ayer de su máximo responsable. «Estamos todavía escuchando a los expertos y estaremos abiertos a todas las sugerencias», dijo Cristóbal Montoro en un foro organizado por «El Mundo» y «Expansión».

La proximidad de la reforma de un sistema de financiación autonómico que parece no contentar a nadie podría ser aprovechada por el Ejecutivo para aplicar una quita a parte de la deuda que las regiones mantienen con el Estado. Esta es una de las principales reivindicaciones de autonomías como Andalucía o Comunidad Valenciana, que han denunciado múltiples veces que están «infrafinanciadas».

Cataluña, la región que más liquidez ha recibido del Estado desde 2012, también ha reclamado con insistencia la reforma del sistema. Sin embargo, en los últimos tiempos la Generalitat se ha desentendido de esta reforma alegando que las reivindicaciones de Cataluña son ahora «de mayor calado», en línea con el desafío que mantiene con el Gobierno a cuenta de la independencia. De hecho, Cataluña ha sido la única comunidad que no ha facilitado ningún candidato para representar a la Generalitat en el grupo de expertos que estudiará la reforma de la financiación autonómica. Pese a desentenderse ahora de este asunto, los mecanismos de ayuda del Estado han permitido seguir financiando los servicios públicos en Cataluña, con una inyección de 66.550 millones de euros desde 2012.

Esta cantidad supone el 30% de todos los fondos aportados por el Estado en este tiempo para las comunidades, siendo la Comunidad Valenciana (50.456 millones) y Andalucía (32.954) las otras dos regiones más beneficiadas. Por el contrario, la Comunidad de Madrid sólo ha recibido 4.729 millones de euros de la línea de financiación estatal, es decir, 14 veces menos que Cataluña.

Una futura quita de la deuda autonómica asociada al FLA aliviaría las cuentas regionales (sobre todo de las comunidades «incumplidoras») y facilitaría el cumplimiento de los objetivos de deuda pública marcados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según la senda de estabilidad presupuestaria aprobada el pasado mes de diciembre, la deuda pública de las comunidades debe situarse, como máximo en el 24,4% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2016. Para el trienio 2017-2019, los objetivos son del 24,1% este año, 23,6% en 2018 y 22,7% en 2019. Aunque estos parámetros son para el conjunto de las comunidades, cada región tiene un objetivo individual que cumplir, muy variable dependiendo de cada una. Por ejemplo, mientras que la Comunidad de Madrid tendrá que cerrar este año con una deuda del 14,2%, Cataluña y la Comunidad Valenciana podrán mantenerla en el 34,5% y el 39,9%, respectivamente.

Al cierre del tercer trimestre de 2016 (último periodo del que hay datos), la deuda de las comunidades ascendía a 271.980 millones de euros, lo que equivale a un 24,6% de su PIB. En cualquier caso, este endeudamiento bajó en 0,3 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior. Se trata del primer descenso desde 2007, antes de la crisis. Las autonomías con mayor porcentaje de deuda en relación con su PIB son la Comunidad Valenciana (41,5%), Castilla-La Mancha (36,5%) y Cataluña (35,5%). Por el contrario, Madrid (14,2%), País Vasco (15%) y Canarias (16,2%) son las menos endeudadas.

En este sentido, Montoro apuntó ayer a la necesidad de reducir el endeudamiento del sector público, después de que el sector privado lo haya hecho en 430.000 millones de euros durante los años de crisis. «En términos globales, la economía española ya ha desapalancado al sector privado y ahora es el momento de desapalancar al sector público, que es el que hace el registro de más del 99% de deuda», dijo el ministro, que insistió en que el Estado «no es una familia ni una empresa».

Dos de cada tres euros, para Sanidad

La Sanidad ha sido la partida más beneficiada por las inyecciones de liquidez del Estado a las comunidades autónomas. Si sumamos todos los mecanismos de ayuda desde 2012 (más de 217.000 millones de euros), el 66,7% de los fondos han ido a parar a pagar la Sanidad pública. Según los datos de Hacienda, el 4,6% se destinó a Educación y un 5,9% a Servicios Sociales. El 22,8% restante sirvió para financiar otras partidas sin determinar. Si atendemos sólo a 2016 y los dos primeros trimestres de 2017, la suma de los fondos inyectados por el Estado a las regiones a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ascenderá a 38.604 millones de euros. De esa cantidad, el 78,5% se destinará a Sanidad, un 2,7% a Educación y un 6,5% a Servicios Sociales.