Las ayudas millonarias ofrecidas por el Gobierno central no son lo que parecen. Casi la mitad del montante total del paquete de ayudas de 10.600 millones son créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) -hasta 5.000 millones de euros-, y otros 3.500 millones son aportados por el Consorcio de Compensación de Seguros -constituido con las aportaciones de las aseguradoras como garantía financiera obligatoria que cubre los riesgos extraordinarios-. El resto de fondos se repartirían en ayudas para pymes (513 millones); ayudas a autónomos (325); la prestación por cese de actividad para autónomos (52); y para los ERTE de fuerza mayor (148). En cuanto a las medidas fiscales, se limitan a 300 millones por el aplazamiento del segundo pago del IRPF y otros 300 por moratorias a vencimientos de plazos y procedimientos tributarios. Por tanto, de los 10.600 millones ofrecido, únicamente 2.100 serían realmente los aportados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y hay que tener en cuenta que los 600 millones correspondientes a Hacienda una vez cumplida la moratoria han de ser satisfechos, con lo cual la cifra real de las ayudas directas serían unos exiguos 1.500 millones.

Así lo ha denunciado el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, que a través de sus redes sociales ha resaltado que "es llamativo que la gran parte de estas ayudas las ponga el sistema financiero a quien se quiere penalizar con más presión fiscal". También ha recordado que son las empresas, los autónomos y los trabajadores los que "pagan cada mes sus cotizaciones para cubrir desempleo, ceses de actividad y bonificaciones en casos como esta catástrofe. Cuando nos digan que el Estado va a desplegar 10.600 millones se debe conocer de dónde viene realmente el dinero".

La propia Agencia Tributaria reconoce en un informe sobre los avales ICO Covid y Ucrania que estos préstamos constituyen "un régimen ciertamente complejo" y los define como un "crédito público sui generis muy desnaturalizado".

Desde el Gobierno se insiste en que la mejor solución es la línea de crédito del ICO de 5.000 millones de euros en avales para tres cuestiones "básicas, como son un anticipo para acometer obras y reformas en los hogares, también para empresas y para maquinaria y otras cuestiones de la actividad productiva" de compañías que se han visto "gravemente dañadas. Quiero destacar esto porque es un hecho insólito que también desde el ICO se haya puesto en marcha este anticipo de liquidez a las familias directamente para poder invertir en la rehabilitación de sus edificios", señaló este fin de semana la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Por ello, la vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reprochado que las ayudas aprobadas por el Gobierno central son "insuficientes" y "no" pueden recibirse "a cuentagotas", al tiempo que ha instado al Ejecutivo a "no escatimar ni un esfuerzo ni un euro para los afectados. Necesitamos que el Gobierno de España entienda la dimensión y la magnitud de la tragedia y dé una respuesta acorde a los valencianos que necesitan que todas las administraciones estemos ayudando".

Camarero ha destacado que el Consell "ha puesto encima de la mesa" 200 millones de euros "iniciales" y ha requerido al Gobierno de España un total de 30.000 millones para la recuperación de las zonas arrasadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre. No obstante, ha criticado que, ante esta petición, "de momento" el Ejecutivo "ha respondido" que "tiene 10.000 millones", y ha lamentado que, de ellos, "la mitad" son créditos ICO que la Generalitat "tendrá que devolver. Eso es insuficiente". Finalmente ha remarcado que el Consell "no puede esperar ni un día más" para recibir la ayuda estatal.

Solo el sector agrario calcula que las pérdidas superarán los 1.000 millones de euros, ya que la situación es "catastrófica" en la zona damnificada, con afectación en los cultivos aún pendientes de recolección (sobre todo cítricos, caquis, hortalizas y aguacates), infraestructuras, caminos, lindes, granjas, viveros, maquinaria, vehículos y destrozos en todas las fincas.

En la ganadería, las pérdidas son igualmente millonarias al contarse por miles los animales muertos que se están retirando de las explotaciones de porcino, ovino, equino y aves, y los que han sobrevivido se encuentran en una situación límite al no llegar alimento a las granjas, al haberse quedado incomunicadas. Asimismo, la industria de manipulado, con muchos almacenes y plantas dañadas, han sido arrasadas y continúan sin actividad, con su maquinaria dañada, inutilizada o desaparecida, y casi a un millar de negocios de hostelería y centenares de comercios no les queda nada, entre el barro y el pillaje. De momento, podrán solicitar ayudas directas, avales del ICO y ERTE por fuerza mayor. El sector está trabajando con Agroseguro y el Gobierno valenciano para hacer un balance de daños.

Según el Gobierno de la Generalitat, se trabaja junto a la patronal CEV y representantes de todos los sectores productivos en un plan para la reconstrucción de las 123 áreas industriales afectadas, cuya inversión estimada será de 6.800 millones de euros.

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) estima que la DANA ha ocasionado la pérdida de más de 10.000 vehículos de alquiler en la Comunidad Valenciana, lo que afectará gravemente a las compañías alquiladoras, de las que el 92% son pymes, "cuya subsistencia dice que está en riesgo". Feneval señala que, entre los automóviles perdidos, hay una significativa proporción de vehículos industriales.

El Ministerio de Economía ha confirmado que, hasta ahora, ha recibido 156.000 solicitudes por los daños provocados por la DANA, de ellos 90.000 por vehículos y 50.000 de viviendas, y ha valorado que el número de peritos sea "el doble de los que trabajan durante todo un año en la provincia de Valencia". Solo la Delegación del Gobierno ha recibido 2.413 solicitudes de ayudas de primera emergencia, mientras que las ayudas directas a las pymes y autónomos se podrán solicitar a partir del próximo día 19 para ser efectivas en diciembre.

Según datos del Ministerio de Trabajo, el número de trabajadores amparados por un ERTE por fuerza mayor tras la DANA asciende a 9.087 personas, mientras que son ya 412 las empresas que han solicitado esta protección. El Gobierno apunta que 350.000 asalariados que trabajan en los municipios afectados podrían verse protegidos por los ERTE de fuerza mayor y 37.000 las empresas que podrían verse totalmente exoneradas del pago de las cuotas a las Seguridad Social de sus empleados hasta febrero de 2025. Asimismo, hay 70.000 autónomos en la zona que podrán pedir el cese extraordinario habilitado, de forma que son 400.000 los potenciales beneficiarios de estas medidas incluidas en el plan aprobado en el Consejo de Ministros.

Según un informe de la Cámara de Comercio de Valencia, los 68 municipios impactados por la DANA albergan a más de 48.700 empresas, de las cuales más de tres cuartas partes pertenecen al sector servicios. En términos de PIB y empleo, estas empresas generan 21.819 millones de euros y emplean a 264.883 personas.