La firma española pedirá más de 1.000 millones de reparación al Ciadi por la subasta de Electricaribe, con 1.300 millones en deudas morosas.

El Gobierno de Colombia anunció ayer que liquidará Electricaribe, la filial de Gas Natural Fenosa, que fue intervenida el pasado 15 de noviembre por las autoridades colombianas. Como respuesta, la compañía española presentará una demanda ante los tribunales internacionales de arbitraje aunque mantendrá abiertos los canales de comunicación con el Gobierno de José Manuel Santos para que deje sin efecto la medida anunciada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que controlaba la compañía participada por Gas Natural al 85, 38%. En concreto, según las fuentes consultadas por este diario, la gasista española presentará una reclamación superior a los 1.000 millones de euros ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). A efectos contables Gas Natural había valorado en 475 millones de euros Electricaribe como «activo disponible para la venta». Sin embargo, esa cantidad no cuatificaba el valor de todos los activos y de las deudas morosas pendientes de satisfacer. Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 sólo en 2016), según cifras auditadas que incluyen importantes deudas de organismos públicos colombianos. La multinacional atribuye esta situación a la ausencia de «un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar».

En un comunicado, Gas Natural subrayó que, a finales del pasado año, la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal, superaba los 350 millones de euros. Asimismo, existen fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales. La empresa ha interpuesto más de 16.000 denuncias (5.000 en los últimos 2 años), habiendo obtenido sólo 85 condenas.

La empresa colombiana padece muy fuertes tensiones de tesorería como consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes, en gran parte con suministro obligatorio, que se arrastran desde hace más de diez años. «Pagar la electricidad no forma parte de la cultura de la región caribeña y, sin esos ingresos y con ese nivel de fraude, no se pueden realizar las inversiones que harías si dispusieras de ellos», defiende la firma que preside Isidro Fainé. Las fuentes consultadas indican que la morosidad de Electricaribe alcanza el 80% en algunas regiones, lo que hace insostenible mantener las condiciones del servicio siempre que el Ejecutivo colombiano no agilice el cobro de esas cantidades o se responsabilice de las mismas de forma subsidiaria.

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza, justificó la decisión por la negativa de Gas Natural a realizar las inversiones necesarias pese a que, según la matriz de Electricaribe, la inversión en Colombia ascendió a 255 millones de euros, una cantidad que podría haber sido tres veces mayor de haberse cortado el problema de fraude y impagos que arrastraba la filial caribeña.

«Las conclusiones de los estudios de la Superintendencia permiten afirmar que la compañía no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas, y de ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe», aseguró Mendoza durante una rueda de prensa convocada para realizar el anuncio. El superintendente aseguró que la filial se venderá a un nuevo operador capaz de asumir las nuevas inversiones y que Gas Natural Fenosa solo obtendrá ingresos con la operación una vez se hayan completado los pagos a los distintos acreedores conforme al orden de prelación establecido por ley. «Si tras pagar a la masa acreedora quedaran recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa», afirmó Mendoza, antes de destacar que la operación «no costará un solo peso a los colombianos».

El superintendente aseguró durante la rueda de prensa que Electricaribe tiene un pasivo total de 750 millones de euros, de los que 565 millones corresponden a entidades financieras. Además, el plan de inversiones que debe afrontar el nuevo operador, y que se convertirá en el «eje central del proceso de selección», asciende a 75 millones de euros anuales.

Gas Natural no sólo considera que esta decisión va en contra del proceso de diálogo mantenido entre las partes y el excelente clima de relaciones comerciales entre la UE y Colombia, con un acuerdo de libre comercio que avaló España, sino que denuncia que la Superintendencia «no ha tomado las medidas necesarias para impedir el colapso de la sociedad» desde la intervención de la compañía, que cerrará con un déficit adicional de 85 millones de euros bajo su gestión.

Bajo el control de Gas Natural Fenosa, Electricaribe no ha dejado de ganar clientes pese a la caída de sus ganancias operacionales. Entre 2013 y 2014, la compañía aumentó un 5% el número de consumidores a los que suministraba energía, al pasar de 2,104 millones a 2,204 millones. También se incrementó la energía distribuida en un 5% en el mismo periodo. Sin embargo, el ingente fraude que encaraba la empresa mermó considerablemente sus cuentas en los últimos años. Su ganancia operativa pasó de unos 65 millones de euros a unos 17,65 millones de euros. Sólo entre 2013 y 2014, la ganancia cayó un 66,26%. Y eso a pesar de un contexto con un fuerte incremento de la demanda, del 9,2% entre 2013 y 2014.