Los funcionarios tendrán en su próxima nómina la subida adicional del 0,5% variable ligado al PIB, "salvo imprevistos", según el acuerdo que firmó el Gobierno con los sindicatos CC OO y UGT, y que contemplaba además un incremento del 2%, más otro 0,5% adicional en función de la evolución de los precios. Si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios (8%), se aplicará ese incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.

De acuerdo con los datos del INE, el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el de 2023 terminó en el 3,3%, lo que resulta un total del 8,8%, que supera el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5%. Por ello, el sueldo de los funcionarios tendría que elevarse un 2,5%. Ante un escenario de escalada de precios, los sueldos de los empleados públicos aumentaron en 2022 un 3,5%, mientras que se alzaron otro 3,5% en 2023 y se incrementarán previsiblemente en 2024 un 2,5%, lo que supone una subida acumulada en tres años del 9,5%. En términos reales, la revalorización puede ser hasta de un 9,8%, dado que las alzas salariales son consolidables en las retribuciones.

Pero el sindicato CSIF no se fía del todo del Ejecutivo y ayer volvió a avisar de una "primavera caliente" y con movilizaciones si no se inicia una "negociación real" con los trabajadores de la Administración Pública para realizar las reformas estructurales que necesitan los servicios públicos, entre ellas, el nuevo acuerdo salarial o la eliminación de la tasa de reposición. "O empieza a haber negociación real en las administraciones públicas o le auguramos a este Gobierno una primavera caliente porque CSIF saldrá a la calle", ha advertido el presidente de CSIF, Miguel Borra, durante una rueda de prensa previa al X Congreso Nacional del sindicato

Pero el primer paso será esa subida adicional del 0,5% pendiente de 2023, que denuncian aún no se ha aplicado en las nóminas de los empleados públicos, pasados más de dos meses del presente ejercicio. "La inestabilidad parlamentaria y la incertidumbre política no son excusa para que los empleados públicos sigan sin recibir la subida salarial de 2024", en relación con la subida del 2% acordada para los funcionarios este año y el 0,5% variable ligado al PIB. En ese sentido, el presidente de CSIF, Miguel Borra aseguró que no aceptarán "ningún acuerdo que implique pérdida de poder adquisitivo", ya que según sus cálculos "en 2022 y en 2023 hemos perdido seis puntos", y "en 2024 vamos a volver a perder poder adquisitivo con la subida del 2%". Así, reprochó que desde 2010 los funcionarios han perdido "más del 20% de poder adquisitivo", con lo que no accederán a medidas que no impliquen empezar a recuperarlo.

Aunque este incremento fue confirmado por el Consejo de Ministros en la primera semana de este mes, los empleados públicos aún no ha recibido la mejora pactada, pero fuentes gubernamentales confirmaron a LA RAZÓN que la intención es que este ingreso adicional se haga efectivo y con efecto retroactivo en la próxima nómina, la de este mes. El resto de la subida, que previsiblemente será del 2,5%, después de que la Mesa del Congreso aprobó los Presupuestos de la Cámara para 2024 con una incremento salarial de sus señorías por esa cantidad que, habitualmente, marca el incremento salarial que se ajusta también para los funcionarios. Esta subida tendrá un recorrido más largo para su aplicación y las mismas fuentes han confirmado que habrá "buenas noticias" para los empleados públicos esta misma primavera. Apuntan que se quiere hacer efectivo en el mes de abril, "a más tardar en mayo", aunque depende de la aprobación del proyecto de ley en el que ha sido incluido. Si no fuera así, la "primavera caliente" anunciada por CSIF será un hecho.