Estatuto del Becario: ¿Qué es el "becariazo" y por qué el mundo académico está en contra?

Fue la semana pasada cuando el Ministerio de Trabajo y los sindicatos llegaron a un acuerdo para aprobar, sin contar con los empresarios. el Estatuto del Becario, que muchos han bautizado ya como el "becariazo". ¿Qué es exactamente el "becariazo" y por qué ha provocado el rechazo de la comunidad universitaria y del mundo empresarial?

Se trata de una nueva normativa para regular el periodo de prácticas en empresas que realizan los estudiantes durante su formación y que, además, pretende favorecer su empleabilidad terminado este periodo. Entre las medidas recogidas, destacan las siguientes:

• Se eliminarán las prácticas extracurriculares: Todas aquellas empresas que deseen tener uno o varios becarios tendrán la obligación de firmar un convenio con el centro de formación donde éstos estudien.
• Será obligatorio que las empresas cuenten con un plan de formación que detalle las funciones y tareas de cada becario.
• Se regula también el pago de gastos como dietas y desplazamientos por la empresa, salvo que el becario reciba una beca o una remuneración que cubra dichos gastos. En el caso de que las prácticas se lleven a cabo fuera de España, el becario tampoco asumirá gastos de manutención o desplazamiento.
• Respecto de los derechos del becario, tendrán los mismos que el resto de los empleados de esa empresa: vacaciones, festivos, aparcamiento, seguros...
• Se regula también la figura del tutor, que deberá monitorizar al estudiante durante el periodo de prácticas.
• Se fije un límite de cinco becarios por tutor, tres si la empresa tiene menos de 30 empleados.
• Se limita el número de becarios por empresa: no podrán superar el 20% de la plantilla, aunque este límite podría variar en función del número de empleados.
• Horarios: los becarios no podrán hacer horas extraordinarias ni trabajar en horario nocturno o en turnos alternos, para facilitar que puedan compaginar sus estudios con el trabajo.
• Alta en la Seguridad Social: los becarios deberán estar dados de alta en la Seguridad Social y las cuotas que pague las empresas se subvencionarán en un 75%.

El hecho de que el estatuto no cuenta con el beneplácito, no solo de la patronal, sino de los propios centros de formación ha llevado a hablar de "becariazo". Así, la oposición ha sido frontal porque es previsible que se dificulte aún más la inserción laboral de los estudiantes. Acusan a la ministra Yolanda Díaz de haber presentado la ley por su cuenta, al margen de tejido empresarial. Además, los ministerios de Universidades y Educación advierten de que el sector público no puede hacerse cargo del pago de la Seguridad Social de sus trabajadores en prácticas que exige la nueva norma. Ni siquiera nos han consultado", critican fuentes de estos departamentos.

Por su parte, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), integrada por 76 universidades españolas públicas y privadas. ha cargado también contra el estatuto. porque hará disminuir drásticamente la oferta de prácticas universitarias. La CRUE defiende que las prácticas de estudiantes universitarios "son un asunto estrictamente académico" del que no se debe pactar su régimen jurídico. Rechaza el "establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas" y augura que este aspecto conllevará "la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas".

Insiste además la CRUE en el "serio peligro" para la continuidad de la oferta de prácticas que también suponen tanto la compensación obligatoria como la inclusión de los estudiantes en prácticas a la Seguridad Social "sin, al menos, dejar tiempo a las universidades para su aplicación".

La red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue) advierte que, de aprobarse esta normativa anunciada, 83 Universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con su plan de estudios, por lo que ven "un error legislar in extremis, sin consenso y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo".

El 65% de las prácticas afectadas por el estatuto del becario se realizan en las administraciones públicas y no en las empresas. Será, por tanto, "una legislación inaplicable", como lo es ya la que versa sobre la cotización de los becarios a la Seguridad Social, por la que los "ministerios de Universidades y de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha".

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo seguirá adelante con sus planes porque con esta nueva norma se aborda "la definición de los límites de las prácticas, sin equívoco para evitar nichos de fraude laboral" y que "limita de forma severa las prácticas extracurriculares y qué tipos de enseñanzas regladas podrán ofertar estas prácticas laborales".

El documento, en el que todavía se trabaja, "prevé establecer un régimen sancionador que garantizará el cumplimiento de la norma" para crear un "marco que dará seguridad jurídica, protegerá los derechos de las personas que realicen prácticas en empresas y evitará por fin que las becas puedan encubrir trabajo precario".