La Junta de Resolución ha publicado hoy su informe sobre el Banco Popular en el que explica que la entidad tenía un "déficit de provisiones"de unos 14.700 millones de media, según la auditoria realizada por Deloitte.

La Junta de Resolución ha publicado hoy su informe sobre el Banco Popular en el que explica que la entidad tenía un "déficit de provisiones"de unos 14.700 millones de media, según la auditoria realizada por Deloitte. Según este informe, el banco tenía un agujero contable de 11.800 millones, en el mejor de los casos, y de 20.600 en la peor de las situaciones.

El valor razonable de los activos adjudicados de Popular en un escenario de resolución implicaba aplicar una quita de entre el 42% y el 47% sobre su valoración en libros, según señala el informe de valoración realizado por Deloitte en el marco de la resolución de Banco Popular, que añade que la mayor parte de las "inconsistencias identificadas"en esta partida se deben a una "inadecuada consideración"de la legislación.

Concretamente, se refiere a la interpretación de la Orden Ministerial de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

Así consta en el informe de valoración realizado por Deloitte y publicado este viernes por la Junta Única de Resolución (JUR), siete meses después de la resolución de la entidad. El organismo europeo anunció el pasado año su publicación para mediados de enero, si bien finalmente se ha hecho público hoy.

Este informe contempla tres escenarios de valoración de Popular en caso de resolución, uno de ellos positivo (+1.300 millones de euros), otro central (-2.000 millones de euros) y un último negativo (-8.000 millones de euros). En el momento de la resolución de Popular, las autoridades evitaron ofrecer el escenario positivo.

Según Deloitte, los activos inmobiliarios de Popular contaban con un déficit de provisiones de 2.600 millones de euros en el mejor de los escenarios en caso de resolución, mientras que en el escenario central esta cifra se sitúa en 3.100 millones de euros negativos y en el peor de ellos en 3.400 millones de euros negativos.

La firma valora un portfolio que incluye 10.987 millones de euros de activos adjudicados y 849 millones de euros en propiedades en uso. La valoración, indica el informe, está basada en la información proporcionada por la JUR y por el 'data room', que cubre el 90% del portfolio.

En relación con los créditos y cuentas por cobrar --'loans and receivables'--, la mejor valoración posible era aplicar un ajuste de 2.700 millones de euros, mientras que el escenario base y el más negativo los ajustes oscilan entre los 3.500 y los 7.500 millones de euros, respectivamente.

En un apartado del informe dedicado a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés), la firma indica que la mejor valoración posible era un ajuste negativo de 2.700 millones de euros, mientras que la correspondiente a los activos intangibles era de -2.200 millones de euros.

En cualquier caso, la JUR ha evitado otorgar el valor estimado de solventar las posibles contingencias legales de la resolución, así como el valor estimado de resolver las alianzas comerciales de Popular.

Asimismo, en el informe se omite información considerada confidencial en relación con las cláusulas suelo de la entidad absorbida, algunos bonos e incrementos de capital, así como sobre sinergias de costes.

Precisamente, en el apartado de sinergias, la firma señala que ha utilizado datos anualizados del primer trimestre de 2017 dado que en las cifras de gastos de personal del ejercicio 2016 se incluyen "costes significativos"sobre un "excepcional"plan de jubilación. En todo caso, señala que las sinergias "dependen en un alto grado"del comprador.

El pasado miércoles la presidenta de Santander, Ana Botín, se mostró a favor de publicar este documento, si bien mostró su preferencia por mantener los aspectos referidos a las alianzas comerciales de Popular bajo confidencialidad.

En este sentido, la JUR ya había señalado que la publicación de algunos detalles del informe podría alterar la estabilidad financiera y dañar los intereses comerciales de Santander, por lo que advirtió que mantendría el carácter confidencial de algunos aspectos referidos en el informe.

Por su parte, La consultora Deloitte advirtió de que tuvo un tiempo "extremadamente corto"para elaborar el informe de valoración del Banco Popular sobre el que la Junta Única de Resolución europea basó su decisión de resolver la entidad española, según la versión no confidencial del texto publicada hoy por la JUR.

En una misiva enviada a la Junta Única de Resolución (JUR) junto al estudio el 6 de junio, víspera de la resolución, Deloitte señala que "a la vista de la difícil posición de liquidez"del banco "se nos ha requerido hacer este informe en un periodo de tiempo extremadamente corto".

La consultora precisa que tuvo 12 días para elaborarlo cuando normalmente hubiesen esperado contar con "al menos seis semanas"para un proyecto de esta naturaleza, y puntualiza que así se acordó inicialmente con la JUR el 23 de mayo de 2017.

Deloitte apunta, además, que no tuvo acceso a "cierta información crítica"y que tuvo "oportunidades limitadas"de debatir las conclusiones con la directiva, auditores, supervisores y otro personal familiarizado con el Popular.

La consultora agrega que "en ningún caso hubiera sido posible llevar a cabo un análisis completo de toda la información necesaria (...) debido al tiempo disponible".

Por tanto, indica, se trata de un informe que "debe ser considerado como altamente incierto y provisional", y se incluyó en la valoración un colchón para pérdidas adicionales que no fue posible estimar precisamente, tal y como requieren las leyes europas de resolución y reestructuración bancaria.

Deloitte indicó que su informe parte de la asunción de que la resolución que se llevaría a cabo de la entidad sería la venta total del banco en un proceso competitivo, pero hizo también una evaluación de cual sería su valor en caso de liquidación y el retorno que recibirían entonces los acreedores.

Efe