China ha tardado poco más de un mes en tomar medidas contra los aranceles impuestos por la UE a la importación de vehículos eléctricos fabricados en el país asiático como castigo por dañar la competencia en el mercado único al estar subvencionados. Este viernes, China ha presentado una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra estos aranceles provisionales antisubsidios para "defender los intereses" de su industria de vehículos eléctricos, ha señalado el Ministerio de Comercio de China en un comunicado en su página web.

Las autoridades chinas argumentan que la decisión preliminar de la UE "carece de una base fáctica y jurídica sólida" y constituye una "violación grave" de las normas establecidas por la OMC. Mientras, la Comisión Europea defiende que no imponer ningún tipo de medida contra China mermaría las inversiones necesarias para la transición energética europea y supondría la pérdida de 2,5 millones de puestos de trabajo directos y 10,3 millones indirectos.

Las subidas arancelarias impuestas por la UE entraron en vigor de forma provisional el 5 julio con una duración de cuatro meses y se sumaron al 10% que ya se aplicaba. Estas varían en función de cuánto se han visto beneficiados los fabricantes de los subsidios estatales y si han cooperado en la investigación iniciada por Bruselas el pasado mes de octubre. Las empresas BYD y Geely tienen los impuestos más bajos (del 17,4% y el 19,9%, respectivamente) tras haber colaborado con la investigación, mientras que a SAIC se le aplica la máxima (38,1%) al no haberlo hecho. Por lo tanto, sumando el 10% de base, los aranceles rozan casi el 50% en el peor caso.

Pasado el periodo provisional, a finales del mes de octubre, los Estados miembros deben votar nuevamente para que estos incrementos transitorios se conviertan en definitivos durante cinco años. En esta ocasión, su veredicto sí que cuenta, aunque sortear la decisión del Ejecutivo comunitario será difícil. Tan solo una mayoría cualificada contra la imposición de estos aranceles (55% de los países europeos que representen un 65% de la población) puede paralizar esta decisión que divide a las capitales europeas.

Según Pekín, estas medidas no solo afectan negativamente a la industria automotriz china, sino que también "ponen en riesgo la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático". China instó a la UE a "corregir" lo que considera un "error" en la aplicación de estas políticas, con el objetivo de "salvaguardar la estabilidad de las cadenas de suministro y la cooperación económica" entre ambas regiones.

Ante la decisión del bloque comunitario, China respondió en las últimas semanas con pesquisas antidumping contra el "exceso de capacidad" del cerdo europeo en el sector porcino, algo que afecta especialmente a España, su principal suministrador. China cuenta con una población de 1.400 millones de habitantes, lo que la convierte en un mercado enorme, con un consumo anual de alrededor de 700 millones de cerdos, más de la mitad de la producción mundial. Durante 2023, el país asiático importó productos porcinos por valor de 6.000 millones de dólares (5.600 millones de euros), siendo la UE el principal proveedor, con España a la cabeza, con envíos por 1.500 millones de dólares (1.400 millones de euros).