Arturo Fernández justifica en «relaciones institucionales» el gasto en sus restaurantes

Ocho ex consejeros de Caja Madrid y Bankia -entre ellos el ex vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández y el ex secretario general de UGT en Madrid José Ricardo Martínez- han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en relación a las polémicas “tarjetas black” de la entidad. Para cuatro de ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imposición de una fianza civil equivalente al importe del dinero gastado. La mayoría aseguró al magistrado que les entregaron las visas para su uso personal y que les tranquilizaron respecto a la tributación, de la que, les insistieron desde la propia caja, se encargaba la entidad.

En un momento del interrogatorio, confirmaron fuentes jurídicas, el juez preguntó a Arturo Fernández irónicamente si conocía los restaurantes del grupo Cantoblanco, del que es propietario y donde, entre febrero de 2010 y enero de 2012, pagó con la “tarjeta black” 9.400 de los más de 37.000 que gastó con su visa opaca. El ex dirigente de la patronal contestó que esos desembolsos se debieron a sus “relaciones institucionales". En sus restaurantes, explicó, disponía de una cuenta abierta que “liquidaba periódicamente”. “¿Y por qué precisamente en sus restaurantes?”, se interesó Andreu. “Porque son más baratos y porque son míos”, reconoció ante de admitir, a pregunta del instructor, que “redondeaba” las cuentas. Fernández -quien ya ha reintegrado a la entidad el dinero gastado- explicó que “pensaba que era una tarjeta transparente”.

Por otro lado, el ex dirigente de UGT dijo al magistrado que, aunque cuando le entregó la tarjeta el ex vicepresidente José Manuel Fernández Norniella le aseguró que era “para gastos de carácter personal”, él se autoimpusó la obligación de “limitar esos gastos a sus funciones como consejero”. Asimismo, contó que entregaba periódicamente a los servicios jurídicos de su sindicato los certificados que le enviaba Caja Madrid para que le hicieran la declaración y subrayó que estos nunca le pusieron reparos.

Otro de los ex consejeros, Antonio Romero -que estaba citado el pasado martes pero no se presentó a declarar y sí lo hizo ayer-, aseguró al juez que se considera “víctima de un engaño o de una negligencia”.

Además, reconoció que a algunos integrantes del consejo “se les llamó la atención por realizar compras indebidas con la tarjeta”, en particular a uno de ellos (cuya identidad no reveló) “por la adquisición de varios electrodomésticos”. Otro de los imputados que comparecieron ante el magistrado, el consejero delegado de OHL Javier López Madrid, dijo que pecó “de exceso de confianza” y que si hubiese tenido alguna duda respecto a la legalidad de los plásticos, “no sólo habría devuelto la tarjeta sino que habría dimitido como consejero”.

Anticorrupción ha solicitado fianzas civiles para María Enedina Álvarez (47.000 euros), Jorge Gómez (98.200), José Ricardo Martínez (44.200) y Antonio Romero (252.000) y no ha solicitado la imposición de la medida para Luis Blasco, Arturo Fernández y Javier López Madrid -quienes ya han devuelto íntegramente lo gastado- y Carmen Cafranga, ex integrante de la Comisión de Control de la entidad, donde apenas desempeñó el cargo de consejera.